Oxfam, el impacto de un escándalo

Los efectos del escándalo sexual de la organización no gubernamental británica Oxfam son gravísimos. Nacida en Londres opera en los ámbitos comercio justo, educación, ayuda internacional, salud, igualdad de género, guerras, desastres naturales, democracia, derechos humanos y cambio climático. Posee una amplia red de tiendas (libros, ropa, artesanía… ); 1.200 establecimientos en Europa, Asia y Oceanía. Al año recibe 330 millones de euros de fondos gubernamentales y donaciones públicas. Emplea a unas 10.000 personas. Y 23.000 voluntarios. Agrupa a otras 17 organizaciones que juntas trabajan en más de 90 países.

El periódico The Times ha venido destapando que altos cargos de Oxfam pagaron a damnificados, incluso menores, del terremoto de Haití por servicios sexuales - auténticas orgías - durante una misión humanitaria en 2011. Con el dinero de contribuyentes y donantes. Esto ha llevado a la difusión de múltiples excesos y atropellos a nivel mundial perpetrados por trabajadores humanitarios. Junto a Haití ha sucedido en Chad, Bangladesh, etc.

El daño es enorme. Valga como muestra el que ya ha afectado a la confianza en su filial española, Oxfam Intermón, que ha sufrido al menos 1.200 bajas a raíz de lo ocurrido. La organización hispana cuenta con unos 200.000 socios. Como primera medida la ONG ha anunciado los casos de abusos y acoso sexual registrados en su seno durante los últimos cinco años. Insiste en que durante cinco años ha recibido cuatro quejas relacionadas con "conducta sexual inadecuada" de sus trabajadores en África y Latinomérica.

Por supuesto, sería equivocado amén de injusto generalizar. La mayoría es íntegra. Sin embargo, lo cierto es que en todas las ONG existen nauseabundos y despreciables casos de explotación y amenazas. Médicos Sin Fronteras despidió a 19 trabajadores por acoso y abuso sexual denunciados en 2017.

Oxfam Intermón trabaja en "nuevas medidas" para reforzar los mecanismos existentes. Se pretende mejorar reclutamientos y procesos de selección de personal. Actuar con contundencia y transparencia, demostrar tolerancia cero. Publicar un informe anual que registre los casos denunciados a su mecanismo de monitorización. Algunos de esos esfuerzos llevan haciéndose desde algún tiempo o en estudio. Loable empeño aunque insuficiente.

Más efectiva es la propuesta de iniciar discusiones de cambios regulatorios desde la administración española. Y, sobre todo, a nivel internacional. Podrán así implementarse acciones que impidan que trabajadores que hayan cometido abusos puedan - pese a haber sido despedidos - continuar trabajando en otros organismos sociales. Es el caso de Roland van Hauwermeiren, el jefe de misión en Haití, que había sido despedido de la ONG Merlin por incurrir en abusos en Liberia en 2004. De forma inexplicable eso no impidió que fuese contratado por Oxfam. Como alto cargo de esta organización siguió cometiendo abusos, esta vez en Haití. Hasta se llegaron a dar referencias positivas y pasó a trabajar para la Acción contra el Hambre en Bangladesh. La ONG francesa asegura que, a pesar de ponerse en contacto con Oxfam, esta no le comunicó el motivo de su 'dimisión'. Según The Times, la entonces directora ejecutiva de Oxfam ofreció a Van Hauwermeiren una "salida por etapas y digna", pues su despido habría tenido "implicaciones potencialmente serias" para la reputación de la ONG. Otros denunciados tampoco se quedaron en paro encontrando trabajo en ONG como Mercy Corps, Cafod, World Jewish Relief y Acted.

Esto no son "errores" más o menos aislados sino un descontrol y encubrimiento inaceptables. Las ONGs no se pueden limitar a la realización de "informes internos para depurar responsabilidades" o escudarse en la normativa sobre protección de datos. Así todo queda sepultado por la burocracia y el desinterés ante el temor a la publicidad negativa.

El regulador de las Organizaciones No Gubernamentales en Reino Unido - la Charity Commission - analiza cómo fue gestionado el escándalo por Oxfam. Pese a reconocer la conducta "completamente inaceptable" de esos trabajadores, la ONG negó que tratara de ocultar los hechos.

La Comisión Europea, uno de los mayores do-nantes internacionales, también exige respuestas. La consecuencia no puede ser reducir los fondos públicos dedicados a la ayuda al desarrollo. Pero sí velar por los valores éticos y morales para merecer la confianza de miles de personas que realizan aportaciones económicas. Y asegurar la asistencia efectiva y honesta a los millones de personas vulnerables e indefensas a cuyo servicio se debe el sector de la cooperación.

Una prioridad es el citado objetivo de evitar el acceso de una persona con conducta inapropiada a cualquier organización humanitaria. Es urgente un sistema internacional de alertas transparente.