Bolsa, mercados y cotizaciones

El Govern subasta tres edificios, entre ellos la Bolsa, para obtener 168 millones



    La Generalitat ha acordado hoy subastar tres edificios de su propiedad en Barcelona, entre ellos el de Bolsa de Barcelona y la Torre Muñoz, ambos situados en el Paseo de Gràcia, con la voluntad de ingresar unos 168 millones de euros.

    El gobierno catalán, que desde 2012 ha vendido 34 edificios por 532,6 millones para obtener ingresos extraordinarios y hacer frente así a la maltrecha situación de sus finanzas públicas, ha precisado que se convocarán dos subastas públicas al alza, una de ellas solo con el edificio de la Bolsa.

    En esta ocasión, el edificio de la Bolsa, situado en Paseo de Gràcia, 19, sale a la venta por 88,9 millones, frente a los 57,4 millones que se pedían por él en 2011, pero con unas condiciones de alquiler mucho más flexibles: si en un principio se pedía mantener a la Generalitat como inquilina unos 25 años, ahora tendrá que formalizar solo un alquiler en favor de la Generalitat "de entre uno y tres años".

    Sin embargo, el comprador tendrá otro inquilino: el parqué barcelonés, dado que la Generalitat no ha conseguido, a pesar de sus ofertas, que el presidente de la Bolsa, Joan Hortalà, aceptara trasladar el derecho de usufructo que Bolsa de Barcelona tiene hasta el año 2030 a otro edificio.

    Así pues, el nuevo propietario del edificio de la Bolsa, que es la 'joya de la corona' de los inmuebles del Govern, puesto que ocupa un emplazamiento privilegiado en el Paseo de Gràcia, deberá entenderse con Bolsa de Barcelona y negociar una ubicación alternativa para el mercado de valores en caso de que quiera disponer de ese emplazamiento de inmediato.

    En la otra subasta, con un precio de salida de 79,3 millones, se ofrecerán dos edificios: la Torre Muñoz, en Paseo de Gràcia, 105, que sale a la venta por 51,9 millones, y la sede de la secretaría de Empleo y Relaciones Laborales, situada en la calle Sepúlveda, 148-150, también en la ciudad de Barcelona, por 27,4 millones.

    Precisamente la Torre Muñoz, situada en la confluencia de Paseo de Gràcia con la avenida Diagonal, era uno de los edificios que había ofrecido la Generalitat a Hortalà como alternativa para reubicar el parqué barcelonés, según fuentes del sector.

    Si bien en el caso del edificio de la calle Sepúlveda se tendrá que suscribir un contrato de alquiler de entre uno y tres años, en el caso de la Torre Muñoz el contrato de alquiler será "por un período máximo de 20 años".

    El Govern ha acordado también que una vez se vendan estos inmuebles se liquidarán los censos enfitéuticos que los gravan, se constituirán o ampliarán censos sobre otros inmuebles propiedad de la administración o bien se convertirán en préstamos.

    La subasta pública de estos tres edificios se convocará en los próximos días y los interesados deberán presentar ofertas en sobres cerrados.

    Como es habitual, hay dos precios de venta, el de la primera subasta, y el de la segunda, aunque ambas se resuelven el mismo día.

    El inversor que decida pujar por el edificio de la Bolsa en segunda subasta deberá ofrecer al menos 71,18 millones, la Torre Muñoz saldrá a la venta por un mínimo de 41,5 millones y el edificio de la calle Sepúlveda, por 21,9 millones.

    En lo que va de año, el Govern ha conseguido ingresar 266 millones con la venta de edificios.

    El director general de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé, se marcó en abril pasado el objetivo de sumar unos 400 millones extraordinarios este ejercicio por la venta de edificios públicos, una cifra que sería posible si se cierran con éxito estas dos subastas.

    Sin embargo, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha admitido ya abiertamente que no podrá cumplir el objetivo de ingresos extraordinarios a través de privatizaciones o concesiones que se había marcado para este año en los presupuestos, que era de 2.318 millones.

    De hecho, la Generalitat todavía no ha cerrado con el PSC el acuerdo que le debe permitir ingresar unos 800 millones de euros antes que acabe el año con el traspaso de la gestión de las depuradoras al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).