Uruguay y Argentina en su peor conflicto en años por papeleras

Montevideo, 13 jul (EFECOM).- La construcción de dos fábricas de celulosa en Uruguay derivó en el peor conflicto con Argentina de los últimos años y promete nuevos capítulos tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que rechazó hoy la solicitud argentina de suspender cautelarmente las obras.

Las posturas radicales de ambos lados no pudieron superarlas ni siquiera los técnicos que formaron parte de una comisión binacional que, después de varios meses de negociaciones, presentaron informes dispares a sus respectivos gobiernos.

La empresa española Ence y la finlandesa Botnia iniciaron las obras de construcción de dos plantas de celulosa en el departamento uruguayo de Fray Bentos, con una inversión global de 1.800 millones de dólares, la mayor en la historia del país.

Las fábricas están ubicadas a orillas del río Uruguay, límite natural entre ambos países y frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos.

Las autoridades argentinas y organizaciones de vecinos de la zona se oponen a la construcción de las plantas con el argumento de que contaminará el río.

La aprobación de la construcción de ambas plantas fue hecha por el anterior gobierno uruguayo del presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, pero ratificada por el de su sucesor, el socialista Tabaré Vázquez, que el pasado 1 de marzo cumplió un año en el poder.

El primer gobierno de izquierda en la historia del país, que en sus inicios tuvo buena sintonía con la administración del presidente argentino, Néstor Kirchner, ha dado un fuerte respaldo a la construcción de las plantas.

Primero ratificó las autorizaciones, después respaldó el pedido de crédito que ambas empresas hicieron al Banco Mundial para financiar parte de las obras y, frente a las protestas argentinas, puso a sus mejores técnicos para la defensa de los proyectos.

El propio Vázquez se ha referido en más de una oportunidad a las papeleras y, además de comprometerse a que cumplirán todos los requisitos internacionales de protección del medio ambiente, calificó las inversiones como muy importantes para el país.

Vázquez solicitó además a Kirchner el cese de los cortes de los puentes sobre el río Uruguay que unen a ambos países realizados por organizaciones de vecinos y de defensa del medio ambiente argentinas como forma de protesta.

El presidente uruguayo se quedó a la espera de una respuesta, lo que generó malestar en el Gobierno y se admitió que las relaciones, tras duras declaraciones de ambos lados, están en un momento bajo.

En marzo, Vázquez hizo una gira por varios países de Sudamérica para explicar la postura de su gobierno sobre el tema.

El Gobierno uruguayo tiene el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria, de influyentes cámaras industriales y empresariales y de la principal central obrera del país, que respaldan la postura oficial en un tema que se considera de Estado.

Según cálculos oficiales, el conflicto generó a Uruguay en los últimos meses pérdidas por valor de entre 400 y 500 millones de dólares, especialmente por la ausencia de unos 50.000 turistas argentinos que anualmente pasan sus vacaciones de playa en las costas uruguayas y por la reducción del comercio.

La caída de ingreso de turistas desde el vecino país llegó al 10 por ciento, especialmente por el corte de rutas y puentes efectuados por organizaciones argentinas en sus protestas contra las papeleras.

Uruguay se quejó formalmente por esos cortes, que considera que violan los acuerdos de libre tránsito de personas y mercaderías del Mercosur, el bloque regional que integran ambos países además de Brasil, Paraguay y Venezuela.

Un tribunal arbitral del Mercosur, presidido por el español Luis Martí Mingarro y completado por juristas de ambos países deberá decidir si esos cortes de ruta violaron los acuerdos del bloque.

En caso de que el tribunal falle en favor de Uruguay, el Ejecutivo de Vázquez tendrá el camino libre para reclamar judicialmente al Gobierno argentino por daños económicos.

El enfrentamiento no pudo solucionarse bilateralmente y derivó en la denuncia Argentina frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras que Uruguay hizo una presentación crítica de la situación en la Organización de Estados Americanos (OEA). EFECOM

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