El PP se plantea más controles internos para evitar conductas poco éticas

Esta ponencia, titulada "Comprometidos con España", ha sido coordinada por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el de Melilla, Juan José Imbroda; y el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, quien había avanzado que este texto incluía igualmente la persecución de las malas prácticas económicas de los cargos públicos.

El PP lamenta en este texto la desafección de una parte de la ciudadanía hacia los partidos y los políticos a consecuencia de la corrupción, la gestión negligente, el derroche de dinero público o la creación de problemas políticos donde no existían.

Por ello, defiende las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa, así como conseguir una mayor implicación de los ciudadanos en los controles y las actuaciones de sus gobernantes.

De ahí que plantee más controles en el seno del Partido Popular para que se erradiquen totalmente conductas personales que sean poco éticas y que tengan como objetivo el interés propio.

También pide trabajar para evitar gobiernos que sólo tienen como objetivo mantenerse en el poder, algo que asegura que es lo que ocurre actualmente en Andalucía.

Un de sus prioridades del "nuevo tiempo político" es la recuperación de la idea de nación "tras un periodo demasiado largo en el que era un concepto discutido y discutible", en alusión a las palabras pronunciadas al respecto por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"En el PP reafirmamos que la nación, sujeto máximo de la soberanía nacional, no es otra que la nación en que se fundamenta la Constitución y que expresa la voluntad de los ciudadanos", añade la ponencia.

Asimismo, destaca que son los ciudadanos y sus derechos los protagonistas de la Constitución y, por ello, el PP insiste en la existencia de una "nación de ciudadanos" sobre la que se construye la convivencia.

Tras propugnar la leal colaboración entre el Estado y las Comunidades por entender que eso fortalece a la nación, señala que es necesario acometer reformas que mejoren el funcionamiento del Estado autonómico.

Por ello, defiende reformas que aseguren los valores del pacto constitucional, como fijar un núcleo básico de competencias indelegables por el Estado, así como la capacidad de las Cortes de llevar a cabo modificaciones que, por su naturaleza, requieren un tratamiento común en el conjunto del Estado.

Aboga asimismo por garantizar el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza, así como la unidad de actuación exterior del Estado, actualizar el objeto y procedimiento de reforma de los Estatutos de autonomía y revitalizar la autonomía de las corporaciones locales.

La ponencia hace referencia a la necesidad de la "disolución incondicional" de ETA, advierte de que la amnistía y la impunidad no tienen cabida en la Constitución y califica a las víctimas de referente en la lucha contra la banda terrorista.

El PP, que se define en la ponencia como reformista y defensor de la libertad, la dignidad de la persona y el "inalienable derecho a la vida", asegura perseguir el progreso económico para lograr el mayor bienestar de los ciudadanos y dice ser consciente de que se le está pidiendo que lidere "una completa regeneración social"

Mantiene también que la defensa de la economía de mercado y la libre empresa es compatible con la firme defensa de los sectores más débiles de la sociedad.