Auditor: Préstamos tenían avales y Caja contaba con índice solvencia adecuado

Crespi ha declarado en la Audiencia de Alicante en calidad de perito durante la séptima sesión del juicio por la quiebra fraudulenta de la citada entidad bancaria, que afectó a más de 1.500 ahorradores por un montante de 3,7 millones de euros.

El fiscal pide seis años de cárcel para cinco de los responsables procesados por un presunto delito de insolvencia punible, mientras que el abogado de los afectados amplía la acusación a otros cinco y solicita para todos ellos catorce años de prisión por insolvencia punible y asociación indebida.

Crespi ha indicado que en las auditorías realizadas, para las que analizaba una muestra de operaciones "elevada", no apreció "salvedades" o "problemas", sino que las cuentas eran "correctas" y se cumplían los requisitos exigidos por el Banco de España.

Según el auditor, los préstamos que concedía la entidad se renovaban una vez que se habían pagado los anteriores y los riesgos de cobro estaban "perfectamente cubiertos" puesto que unos créditos "estaban al corriente de pago" y los otros "estaban dotados".

Consultado sobre la concesión de créditos a un solo prestatario por importe superior a los coeficientes de riesgo, ha dicho que este valor estaba "perfectamente constituido" y que los préstamos superiores recibían "un tratamiento especial".

Asimismo, ha apuntado que los fondos de insolvencia de la Caja "se dotaban perfectamente", aunque no ha podido explicar la existencia de cifras "no coincidentes" en dos auditorías realizadas por él donde el saldo de este fondo referido a 1991 difería en más de nueve millones de pesetas.

Crespi, quien fue amonestado por un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda por la auditoría del año 1991, ha sostenido que el Banco de España no estaba "conforme" con el resultado de sus informes y que le pidió "una revisión de papeles".

Ha relatado que él respondió que sus criterios eran "claros" y que todo estaba "correcto", por lo que le indicó "no tenía por qué emitir un informe de otras características".

"El Banco de España tenía criterios distintos y establecía unas condiciones que no se ajustaban a la realidad por excesivas", ha afirmado el auditor, quien ha añadido que, de aplicar estas directrices, se habría privado de solvencia a la Caja.

Preguntado por el motivo de no reflejar en la auditoría de 1991 la sanción que impuso el Banco de España a la entidad por "anomalías detectadas en el año 1990", Crespi ha dicho que no sería "significativo" incluirla en el informe porque "no afectaría a la buena marcha de la entidad".

Ha afirmado no recordar si advirtió de que los libros de comercio de 1992 estaban sin legalizar y desconocer "absolutamente" la práctica de liberar talones sin fondos, cuestiones consultadas por la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente.

Durante la sesión de hoy han declarado los dos últimos testigos de la defensa y mañana está previsto que se realicen todas las pruebas periciales. EFECOM

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