Las diputaciones vascas dicen que la sentencia no tiene efectos prácticos

Hoy se ha conocido la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que ha declarado ilegal la exención del impuesto de Sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994, conocidas como "vacaciones fiscales".

La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que había declarado ilícitas las medidas en 2001 y ordenado la recuperación de estas ayudas concedidas a las empresas vascas.

Las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, en sendos comunicados, han coincidido en la reacción a la sentencia: han acatado la resolución, pero han opinado que "carece de efectos prácticos".

Según las diputaciones, ya habían ejecutado completamente la decisión de la Comisión Europea, de manera que habían recuperado de las empresas beneficiadas las cantidades disfrutadas y los intereses de la recuperación.

El diputado de Hacienda alavés, José Luis Cimiano, ha declarado que "a pesar de no haber una sentencia firme", las empresas "tuvieron una actitud responsable y diligente y procedieron a devolver los beneficios fiscales que les requirió la Diputación a instancias del Tribunal de la Unión Europea".

Sin embargo, sobre esta devolución de las ayudas también hay polémica entre las instituciones vascas y la Comisión Europea, que opina que no se han devuelto en su totalidad y ha pedido una multa millonaria a España por ello.

Todavía quedan otros dos asuntos similares pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las "minivacaciones fiscales" de 1996 y el crédito fiscal del 45 % de las inversiones, cuyas vistas orales se celebraron el pasado 10 de mayo de 2011 en Luxemburgo y están aún pendientes de pronunciamiento.

Por ello, habrá que esperar a que los jueces de Luxemburgo se pronuncien sobre la legalidad de estos dos paquetes de ayuda antes de que se materialice la citada multa millonaria pedida por la CE en mayo.

El Ejecutivo de la UE reclamó entonces imponer una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia -hasta que se devuelvan todas las ayudas-, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.