La minera Doe Run incumple un acuerdo ambiental y queda al borde del cierre

La empresa, propiedad del Grupo Renco de Estados Unidos, planteó sin embargo en un comunicado que reiniciará operaciones en una fecha posterior (sin precisarla) en vista de que "subsisten temas que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad del complejo metalúrgico de La Oroya".

En un anuncio pagado en la prensa local, Doe Run se comprometió a continuar pagando el 70% del salario a los trabajadores, como lo ha hecho en los 13 meses que lleva cerrada la metalúrgica.

El Ministerio de Energía y Minas anunció por la noche que Doe Run incumplió su compromiso de reiniciar las operaciones en La Oroya y que tampoco aplicó un programa de protección ambiental, al vencer el plazo de 10 meses. "Este incumplimiento de la empresa será comunicado a las instituciones fiscalizadoras (del Estado) para que tomen las acciones que correspondan en el marco de sus competencias", señaló el ministerio, sin precisar las medidas.

En su comunicado, Doe Run señaló que presentó a sus acreedores un plan de negocios para reiniciar sus operaciones, incluyendo el pago del total de la deuda y la constitución de garantías para un socio estratégico que otorgará el financiamiento. Según la empresa -que dijo estar en el proceso de formalizar su compromiso con los acreedores- esa propuesta fue acogida "positivamente" por el gobierno.

El ministerio de Energía y Minas había ratificado el viernes pasado que el plazo máximo para la entrada en operación de Doe Run vencía el martes, por lo que se considera inminente el cierre de la empresa, que tiene 3.500 trabajadores. La ministra de Trabajo, Manuela García, dijo el martes que ante el probable cierre de la empresa se pondrá en práctica un plan para reubicar a los trabajadores en otros proyectos mineros del país.

Doe Run controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde su privatización, en 1997, pero cerró operaciones en junio del año pasado, argumentando que se vio afectada por la crisis financiera mundial, la bajada de precios de los metales y la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.

La Oroya, ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada 185 kilómetros al este de Lima, a 3.500 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de 100 años y es considerada una de las más contaminadas del mundo. A pesar de ello, la mayoría de sus habitantes defiende a la empresa por las fuentes de trabajo que genera.

En la fundición y refinería del complejo metalúrgico se transforman minerales típicos de los Andes peruanos, como cobre, zinc, plata, plomo, bismuto, oro, selenio, telurio y antimonio. Asimismo, la empresa explota la mina polimetálica Cobriza, también en la región central e igualmente paralizada.

La minera debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco e incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medio ambiente. En los últimos años, obtuvo plazos para adecuarse al programa ambiental, pero siempre incumplió.

Al vencer el plazo, trabajadores de Doe Run acudieron a su centro de labores pero constataron que no había minerales para procesar, informó Royberto Guzmán, secretario general del sindicato.

En enero pasado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expulsó de su seno a Doe Run por no tener voluntad de solucionar sus problemas ni cumplir con sus compromisos.