Gas Natural estudia si afecta opa juez haya suspendido oposición

Barcelona, 31 may (EFECOM).- Gas Natural ha reconocido hoy que su departamento jurídico está estudiando cómo afecta a la opa sobre Endesa que la juez titular de juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid, Miriam Iglesias, haya suspendido las oposiciones a las que se presentó a finales de mayo.

Miriam Iglesias, titular del juzgado de lo Mercantil número 3, estaba ocupando temporalmente la plaza antes de presentarse a las oposiciones, las cuales ha suspendido en la fase de selección a la que se presentó hace pocos días.

Gas Natural no ha querido confirmar si recurrirá a la juez ni tampoco cómo afecta esta situación a una de las decisiones judiciales -la otra es la anulación del Tribunal Supremo de la aprobación del Consejo de Ministros- que ha paralizado la operación.

El pasado 25 de noviembre, Endesa presentó una demanda contra Gas Natural e Iberdrola por un presunto pacto colusorio -que perjudica a un tercero- entre ambas.

Endesa entendía que había existido concertación entre Gas Natural e Iberdrola antes de lanzar la opa y que su actuación contravenía el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea (UE).

La demanda fue admitida a trámite el 21 de diciembre y se formó pieza separada con las medidas cautelares solicitadas, pieza que se ha resuelto ahora.

El pasado 7 de marzo, el juzgado citó a las partes, que ratificaron sus posiciones y en las que Gas Natural aseguró que no existía "acuerdo previo global" y que el compromiso de compraventa de activos era "lícito y válido" al encuadrarse en el plan de desinversiones que la compañía tenía previsto presentar a las autoridades.

A pesar de estas alegaciones, el auto de la jueza consideró "razonable" el pasado mes de marzo la hipótesis de la concertación previa por "la magnitud de la operación", su "complejidad interna" y "la concreción de las plantas y unidades de negocio" incluidas en el acuerdo suscrito entre Gas Natural e Iberdrola.

El juzgado también coincidió con Endesa en que una sentencia a favor de las tesis de la eléctrica "carecería de cualquier eficacia" si la operación ya se hubiese cerrado, por lo que optó por establecer medidas cautelares.

No obstante, el auto subrayó que las medidas cautelares "son susceptibles de producir consecuencias negativas en forma de perjuicios para las demandadas", razón por la que fijó un aval de mil millones que fue depositado por la eléctrica y que también ha servido para cubrir los daños en el proceso que sigue el Supremo. EFECOM

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