Economía/Finanzas.- UGT pide en el PE que se obligue al Santander a crear fondos externos para financiar las pensiones

La Comisión de Peticiones decide mantener abierto el caso y lo volverá a debatir más adelante

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)

El responsable de UGT, Toni Ferrer, reclamó hoy en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que la Eurocámara inste al Gobierno español a derogar la "disposición transitoria" legislativa que permite que el Grupo SANTANDER (SAN.MC)no externalice los fondos de pensiones de sus trabajadores, algo que constituye "una discriminación" a juicio de UGT, además de dificultar la movilización laboral de sus trabajadores al perder estas compensaciones si abandonan su puesto de trabajo en la entidad.

El sindicato español critica que el Banco Santander mantenga fondos internos, que pertenecen a la empresa a diferencia de los externos que "son propiedad de los trabajadores y, por lo tanto, (están) garantizados por entidades gestoras ajenas", para garantizar los fondos de pensiones de sus trabajadores gracias a una disposición transitoria que el Gobierno español introdujo en 1995 al trasponer la directiva comunitaria relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario para eximir al sector financiero de la obligatoriedad de crear fondos externos.

Aunque el Gobierno eximió a bancos y aseguradoras de avalar los fondos de pensiones mediante fondos externos --como ocurre en el resto de sectores-- al entender que los bancos tenían suficiente solvencia y estaban sujetos a controles estrictos, Ferrer recordó que el resto de entidades financieras "tienen fondo externo". "El único que no lo tiene es el Grupo Santander", recordó. "Esta situación supone una discriminación de los trabajadores del Banco del Santander", recalcó.

Además, tras aludir al actual contexto de crisis económica y financiera, Ferrer recordó que ya en 1999 el Banco de España reconoció un "desfase" en el fondo interno previsto por el Grupo Santander para cubrir los complementos de pensiones "de 250.000 millones de euros". La entidad cántabra, recordó, dispone de 10.000 millones de euros para cubrir estos casos pero "lo utiliza a su libre albedrío sin ningún tipo de control".

IMPIDE LA LIBRE CIRCULACION

Por otra parte, Ferrer argumentó que dado que "no existe igualdad de trato en los derechos de pensión en el caso de desplazamiento" de un trabajador, la excepción española dificulta la libertad de circulación de personas, derecho que reconoce la normativa comunitaria.

"Dado que la circunstancia de que el derecho de pensión vaya ligado a la permanencia de la empresa dificulta la libre circulación de los trabajadores del Banco de Santander ya que su hipotética movilidad laboral, ya sea a una empresa española ya sea una empresa comunitaria dentro del propio sector financiero o en otro sector, el trabajador va a perder los complementos de pensión que tuvieran devengados, ya que, sólo existen en el balance de empresa y no son transferidos al trabajador", lamentó Ferrer.

"¿Para qué va a optar un empleado del Banco Santander a un trabajo en Europa o en cualquier otra empresa si lo primero que hace es perder su complemento de pensiones... Cuando en el BBVA se puede ir a cualquier otra empresa y llevarse su fondo de pensiones. Estamos creando una doble discriminación, una en el país y otra con respecto a los trabajadores europeos", criticó por su parte Juan María Martínez, también de UGT.

Por su parte, el responsable de la Comisión Europea, Georg Fischer, admitió "entender" la situación de excepción en que se encuentran los empleados del Grupo Santander pero recordó que la normativa comunitaria contempla ambas opciones -fondos externos o internos-- y que la excepción también "se da en otros Estados miembros". "No existen medidas prescriptivas ni obligación de externacionalización de fondos" por parte de los Estados miembros, precisó Francisco Pérez, otro responsable del Ejecutivo comunitario.

Además, Fischer consideró que la presunta vulneración del derecho a la libre circulación de los empleados del Santander es una caso "puramente hipotético" y, por lo tanto, no justifica la apertura de un procedimiento de infracción por parte del Ejecutivo comunitario contra España. "Nuestra posición es que para establecer un procedimiento de infracción necesitamos una situación que no sea meramente hipotética", recalcó.

"En el caso español no se trata de una persona que ha sido tratada de forma distinta porque se haya trasladado a otro país, se trata de una persona que ha recibido una distinción de trato porque se traslada del sector financiero a otro sector", aclaró.

"Evidentemente la situación sería distinta si se tratara de una persona en España trabajando en el sector bancario que pueda demostrar que rechazó un empleo en otro país debido a la discriminación o a las diferencias en derechos de pensiones. Una persona que en el sector financiero ha perdido los derechos a la pensión no sería un caso meramente hipotético", precisó.

PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE PORTABILIDAD DE DERECHOS

En cualquier caso, subrayó que Bruselas se toma "estos casos muy en serio, no solamente en España, en otros Estados miembros se plantean situaciones análogas" y, por ello, propuso una directiva sobre "portabilidad" de estos derechos para garantizar que el empleado los mantiene en todo momento, una directiva que está siendo discutida por los Veintisiete y el Parlamento Europeo. "Existe la necesidad de tener una directiva que aclare los derechos de los trabajadores en estas situaciones", concluyó.

El presidente de la Comisión de Peticiones, Martin Libicki, propuso "mantener la petición abierta" y debatirla de nuevo más adelante una vez que reciban más información de la Comisión Europea.

A la salida de la sesión parlamentaria, Ferrer celebró "el hecho de que la propia Comisión Europea reconoce la falta que tiene la legislación española a la hora de garantizar la portabilidad (de los derechos de pensión) para el sector financiero y, concretamente, para el Banco Santander" y calificó de "favorable" el que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara haya dejado abierto el caso. "Nuestra petición está bien fundamentada. Vamos a continuar", concluyó.