El presidente de Saeta Yield, José Luis Martínez Dalmau, está imputado junto con otras 17 personas desde finales de enero de este año por un presunto delito de prevaricación medioambiental en Castor. Según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el ministerio público dirigió sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra Escal UGS, la empresa que construyó y explotó la planta. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenó en 2013 el cese temporal de la actividad en Castor, mientras se recaba información sobre la actividad sísmica en la zona. El Instituto Geográfico Nacional registró 252 microterremotos que prácticamente no han sido percibidos por la población. Dalmau ejerció como consejero delegado de la filial de ACS, Escal UGS, desde el 30 de marzo de 2009, cargo que compatibilizó con la gestión de proyectos de energía en el grupo presidido por Florentino Pérez.