Valencia pide ayuda al adherirse al mecanismo de liquideZ
Coincidiendo con el anuncio y con las proyecciones macroeconómicas anunciadas por el Gobierno central, el coste de la deuda española tocaba el viernes nuevos máximos históricos mientras el titular de Hacienda quería dejar claro que la petición de Valencia no suponía en modo alguno una intervención del Estado.
Para el segundo semestre del año, los vencimientos de deuda de Valencia se elevan a 2.883 millones de euros, y su adhesión al fondo de liquidez, dotado con un total de 18.000 millones de euros, supone que la comunidad deba aceptar modificaciones y un mayor control de sus planes de ajuste ya previstos.
"La Comunidad Valenciana hará frente así a los vencimientos de deuda en 2012 de manera que no haya que detraer liquidez de otras partidas del presupuesto, sobre todo de política social" dijo el vicepresidente valenciano, José Císcar, durante el anuncio de la decisión del Gobierno.
"Este fondo de liquidez aporta seguridad en el cumplimento de las obligaciones financieras de la Comunidad Valenciana", añadió.
Un tercio de los 18.000 millones de euros del fondo de liquidez provendrá de emisiones por hasta 12.000 millones de euros del Tesoro y de un préstamo de hasta 6.000 millones de euros por parte del rentable ente estatal Loterías.
Valencia, gobernada desde hace 17 años por el Partido Popular, en el poder también en el Gobierno central, tiene una deuda reconocida de 20.500 millones de euros (el 19,9 por ciento de su PIB) y cerró 2011 con un déficit fiscal del 3,68 por ciento del PIB, que ahora debe llevar al 1,5 por ciento.
Además de problemas de ajuste presupuestario, Valencia, al igual que muchas comunidades, ha visto cómo se le cerraban los mercados para financiarse, por lo que estaba previsto que se acogiera al instrumento que aprobó el Ejecutivo la semana pasada y que llevaba meses en preparación.
El Gobierno español ha dejado claro desde el principio que el mecanismo de ayuda a las regiones está condicionado al cumplimiento por parte de éstas de sus objetivos de estabilidad presupuestaria, y ha reiterado en varias ocasiones que se reserva el derecho de intervenir las finanzas de las regiones incumplidoras.
En un clima de creciente malestar social por los drásticos ajustes aprobados por el Ejecutivo central para cumplir sus objetivos de déficit, y con la amenaza de la intervención de las cuentas regionales encima de la mesa, algunas comunidades están expresando públicamente su malestar con lo que consideran una postura inflexible del Gobierno en materia presupuestaria.