El Congreso aprueba ley para atajar el déficit público
La tramitación de la ley implica que, tras su aprobación por parte de la Cámara Baja, la nueva legislación pasará ahora al Senado para un nuevo trámite de enmiendas y, en el caso de que se apruebe alguna modificación, deberá ser refrendada de nuevo por el Congreso de los Diputados, lo que podría hacer que la ley entre en vigor a principios de mayo.
El Gobierno tenía asegurada la aprobación de la Ley al contar con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
La ley salió adelante con los votos a favor (192) del Partido Popular, CIU, UPyD y UPN, 116 votos en contra y 4 abstenciones (PNV).
Representantes del Gobierno indicaron el jueves que trataron de alcanzar un acuerdo de última hora con el PSOE mediante algunas modificaciones del texto que no fueron aceptadas por el principal partido de la oposición.
La nueva legislación establece que, a partir del año 2020, ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural salvo en casos excepcionales o que incluyan la aplicación de reformas estructurales. En dicho caso, el déficit conjunto de las Administraciones Públicas podrá alcanzar el 0,4 por ciento. El proyecto de ley aprobado por el parlamento establece un límite máximo de deuda pública del 60 por ciento del PIB nacional expresado en términos nominales en el año 2020.
En un momento de máxima tensión en la deuda pública española el Gobierno no ha aceptado diversas enmiendas propuestas por los partidos de izquierda que pedían una mayor relajación en los límites de déficit (del 0,4 por ciento del PIB), argumentando que estos momentos no se pueden mandar mensajes de relajación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
De este modo, el Estado central se podrá endeudar hasta el 44 por ciento del PIB, las CCAA hasta el 13 por ciento de su PIB regional y los ayuntamientos y entidades locales hasta el 3 por ciento, aunque una enmienda a propuesta de CiU permitirá a las autonomías cuya deuda sobre PIB sea mayor a la entrada en vigor de la ley, reducirla hasta estos niveles en 20 años, en lugar de los 8 previstos inicialmente.
Además, la Ley da potestad al estado para multar a las comunidades autónomas con el 0,2 por ciento de su PIB nominal.
En último caso, y una vez realizada la advertencia a la CCAA incumplidora y establecer la multa, pasados nueve meses de la advertencia pública a la CCAA y si esta no ha aplicado las medidas necesarias para volver a la senda de estabilidad presupuestaria, el Gobierno podrá intervenir la CCAA enviando una "delegación de expertos" que presentará medidas de "obligado cumplimiento".
Los grupos parlamentarios habían presentado un total de 206 enmiendas a la ley (varias de ellas a la totalidad, que ya han sido rechazadas).