Mohamed VI nombra un Gobierno de corte islamista
Mohamed VI nombró a Abdelilah Benkirane, líder del partido Justicia y Desarrollo (PJD), como primer ministro después de que el partido islamista moderado ganó un 27% de los votos en las elecciones parlamentarias del 25 de noviembre.
El Rey adelantó la votación casi un año para tratar de evitar una revuelta como las vistas en otros países del mundo árabe, que han derrocado a cuatro autócratas que llevaban décadas en el poder.
Mohamed VI espera que los nuevos cargos en el gobierno, y al menos la apariencia de cambio, desinfle la presión social que pide una mayor transformación revolucionaria inspirada en la 'primavera árabe'.
Benkirane ha forjado una alianza con dos partidos conservadores próximos a la monarquía -- Istiqlal (Independencia), que fue segundo en los comicios y el Movimiento Popular -- al igual que con otros dos partidos más pequeños de izquierdas: Progreso y el Partido Socialista.
El miembro de Istiqlal Nizar Baraka fue nombrado ministro de Finanzas y Economía, en sustitución de Salaheddine Mezouar cuyo partido, la Asociación Nacional de Independientes, optó por pasar a la oposición.
El miembro del PJD Mohamed Najib Boulif, que inicialmente había sonado para el puesto de Baraka, fue nombrado ministro encargado de asuntos generales y gobernanza, lo que le sitúa al frente de asuntos espinosos como la reforma del sistema de subsidios, muy gravoso.
Mustafa Ramid, un destacado abogado y activista de los derechos humanos del PJD que a menudo ha sido crítico con el historial de los servicios de seguridad, fue nombrado ministro de Justicia y Libertades Públicas.
Basima Hakaui del PJD se hará cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Mujer, y será la única mujer en el gabinete de 31 ministros.
Saad-Edine El-Othmani, otro integrante del PJD, ocupará la cartera de Exteriores mientras que el líder del Movimiento Popular, Mohand Laenser, ocupará el cargo de Interior.
Un programa de reformas presentado por el palacio pretende reducir los poderes arrolladores del Rey en favor de los responsables electos, en respuesta a las protestas que abogaban por introducir una monarquía constitucional al estilo de la británica o la española, un sistema judicial independiente y mejorar la lucha contra la corrupción.
Las reformas fueron apoyadas abrumadoramente en un referéndum el 1 de julio pero las protestas han continuado. La nueva Constitución subordina cualquier nombramiento gubernamental a la aprobación del Rey.
Se esperaba que la nueva Carta Magna limitara la interferencia de la corte real en el nombramiento de personal en justicia, asuntos religiosos, interior, defensa, asuntos exteriores y el secretario general, un asesor legal del Gobierno.
Personas que no militan en ningún partido pero son cercanos al Rey fueron nombrados para los puestos de defensa, secretario general, asuntos religiosos, y el ministerio de agricultura y pesca.