Tribunal juzga este lunes si el juez Alba conspiró contra la diputada Rosell
Suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses, Salvador Alba se sienta en el banquillo para responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).
Las cuatro acusaciones personadas en el juicio (el Ministerio Fiscal, la propia Rosell, su pareja -el periodista Carlos Sosa- y Podemos) sostienen que el procesado aprovechó unos meses en los que sustituía a la entonces diputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para dirigir en contra de la juez un caso de fraude fiscal abierto al empresario Miguel Ángel Ramírez, relativo a Seguridad Integral Canaria.
La Fiscalía acusa al magistrado de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" la tramitación de ese procedimiento -que había sido iniciado por la propia juez Rosell- con el propósito de "recopilar material ajeno" a los hechos que se investigaban (un posible fraude a la Seguridad Social) "que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente" a su colega.
La vista durará, en principio, cinco días, en jornadas de mañana y tarde. La abrirán dos interrogatorios: el del procesado, Salvador Alba, y el del empresario Ramírez, como primer testigo del caso.