Piden al fiscal salvadoreño avanzar en procesos por crímenes de la guerra civil

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) difundió en sus redes sociales una carta enviada a Melara, en la que se hace la petición.

Los activistas de derechos humanos recalcaron a Melara la "urgencia" de que las investigaciones avancen hacia procesos ante la Justicia, principalmente porque la mayoría de los crímenes de lesa humanidad ocurrieron hace más de 30 años.

"Se corre el riesgo de que la información se pierda, pues testigos y víctimas son de avanzada edad" y padecen "enfermedades crónicas o fallecen", apunta el documento.

De igual forma, urgieron a Melara a que aplique la "política de persecución penal especializada" dejada por su predecesor, Douglas Meléndez, y que mantenga un grupo especial de fiscales que se dedican a investigar estos casos.

Aseguraron que dicha política "marca la ruta a seguir en esta temática desde la Fiscalía" y evitaría "causar nuevos daños a las víctimas", dado que su elaboración fue acompañada por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh).

En la carta también se pide a Melara que mantenga el "diálogo conjunto con las organizaciones" y que coordine la presentación de acusaciones y pruebas con los abogados de las víctimas.

Estas peticiones se dan tras varias semanas de polémica en el Congreso por la presentación de una iniciativa de ley que los defensores de derechos humanos consideran como una nueva amnistía a favor de los victimarios.

Dicha propuesta de "ley de reconciliación nacional", que fue rechazada incluso por la ONU, la presentó el diputado demócrata cristiano Rodolfo Parker.

El rechazo y las críticas llevaron al legislador a renunciar a la comisión, que está formada también por militares retirados y exguerrilleros y debe presentar una propuesta de ley que sustituya a la amnistía anulada por el Supremo en 2016.

Parker aseguró el 18 de marzo pasado que tomó la decisión de renunciar "después de escuchar que el arzobispo de San Salvador", José Luis Escobar Alas, "expresara que el documento promovía la impunidad, cuando en ninguno de sus apartados contenía algo semejante".

Parker es señalado en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre de seis padres jesuitas en 1989 "para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato", cuando era miembro de una "comisión de honor" nombrada por el Gobierno para investigar el caso.

La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), la matanza de los seis padres jesuitas (1989) y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980).