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Denuncian la intención de amnistiar nuevamente crímenes de guerra en El Salvador
Los miembros de la Mesa contra la Impunidad señalaron que el diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó recientemente una propuesta de ley ante una comisión especial del Congreso que establece una "amnistía amplia, absoluta e incondicional".
Explicaron en un comunicado que esta propuesta de ley "infringe abiertamente" las "pautas de legislación" que impuso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2016 con el que anuló la amnistía de 1993.
"La propuesta del diputado Rodolfo Parker, de aprobarse, generaría un fraude a la sentencia de inconstitucionalidad", reza la misiva de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador.
Otro de los aspectos que promueve la propuesta, según las organizaciones, es "imponer la prescripción para cerrar los juicios penales", pese a que los jueces constitucionales decretaron que los crímenes de guerra no prescriben.
Señalaron que también se "pretende eliminar toda eficacia de los juicios penales al establecer como única finalidad de los mismos la verdad y no la justicia".
Los activistas de derechos humanos pidieron a los diputados del Congreso "desestimar" la propuesta de Parker por "su naturaleza inconstitucional" y "menosprecio de dignidad de las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad".
También llamaron al órgano de Estado a suprimir una comisión especial, de la que forma parte Parker, que "estudia" el fallo de inconstitucionalidad y debe preparar una ley de reparación.
El conglomerado de organizaciones recordó que los miembros de dicha comisión estuvieron involucrados en la guerra civil como parte de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del Ejército o estaban vinculados con los gobiernos de la época.
El diputado Parker es señalado por un informe de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre de 6 padres jesuitas en 1989 "para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato", cuando era miembro de una "comisión de honor" nombrada por el Gobierno para investigar el caso.
La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote, la matanza de seis padres jesuitas en 1989 y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980.
El conflicto armado entre la exguerrilla del FMLN, ahora en el poder como partido, y el Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.