La inseguridad jurídica impacta en la igualdad

La Asociación Española de Asesores Fiscales considera que es necesario y urgente que la legislación española prohíba la retroactividad en el ámbito tributario con carácter general, o al menos en el caso de introducir nuevas figuras impositivas, o en la modificación de elementos esenciales de los tributos existentes.

En su informe Inseguridad jurídica en España: situación actual y propuestas para el futuro abogan, por otro lado, por que se limite la retroactividad impropia en materia tributaria en lo que respecta a los elementos esenciales de los tributos existentes, durante un mínimo período de tiempo que debería respetarse en todo caso.

También, se muestran partidarios de que durante los trámites legislativos se exija el pronunciamiento del Consejo de Estado -o el de un órgano consultivo independiente- sobre los posibles efectos retroactivos de las normas tributarias incompatibles con los principios generales autoimpuestos en una norma general de preceptivo cumplimiento y con la Constitución.

La Aedaf ha venido denunciando la falta de seguridad jurídica que existe en el ámbito tributario, que ha crecido en los últimos años por la introducción de normas tributarias sorpresivas y a veces sorprendentes que no han sido previamente compartidas públicamente con los agentes sociales y económicos, ni siquiera en el Parlamento. Así, desde 2012, la Fundación Impuestos y Competitividad ha realizado muestreos sobre la percepción de la seguridad jurídica en España que han puesto de manifiesto el casi completo acuerdo entre los encuestados sobre la necesidad de simplificar y clarificar la normativa tributaria, así como la de limitar su constante variabilidad.

Así, en el estudio La percepción de las grandes empresas sobre el sistema fiscal español, publicado en 2012, se destacaba que, para un 76% de los encuestados, la falta de certeza por los posibles cambios normativos entorpece las decisiones de inversión en bastante o mucha medida; que el 78% califica el grado de estabilidad de las normas fiscales como de poca o ninguna, o que el 94% de los entrevistados consideraba necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda, en su documento Buena administración tributaria y seguridad jurídica: cumplimiento tributario y aplicación del sistema como factores de competitividad y legitimidad, puso de manifiesto esta percepción generalizada, entre los contribuyentes, de ausencia de seguridad jurídica.

Recuerda el informe, asimismo, la reciente Declaración de Granada, realizada por 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario en mayo de 2018, en la que se denunciaba "el preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica". Buenos ejemplos de estas prácticas lo constituyen el Real Decreto-ley 2/2016 y el Real Decreto-ley 3/2016, que introdujeron pagos fraccionados mínimos en el Impuesto sobre Sociedades, límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de deducciones por doble imposición internacional, y cambios significativos en el régimen fiscal de participaciones en otras entidades, incluida una obligación de reversión de deterioros fiscales deducidos en ejercicios anteriores, con escaso aprecio de los principios de capacidad económica, no confiscatoriedad e irretroactividad de las normas.

Pérdida de la calidad

Considera el informe que, al menos, en la última década, nuestra política fiscal se ha conducido por unos derroteros cortoplacistas, alejados de los principios que teóricamente deberían presidir una política fiscal moderna y que algunas normas se han introducido con carácter retroactivo, en aras de un presumible interés general, normalmente de carácter recaudatorio.

Desde el inicio de la última crisis económica y financiera, una buena parte de las novedades normativas ha contribuido a introducir distorsiones en el sistema tributario, que han perjudicado su necesaria sencillez, eficiencia, neutralidad y equidad. En particular, tal y como se desarrolla con más detalle en el documento, la retroactividad de determinadas medidas fiscales, cuya redacción con frecuencia es poco clara, penaliza la calidad del proceso legislativo, lo que inevitablemente incrementa las eventuales disputas con la Administración por la disparidad de interpretaciones, y aumenta la litigiosidad.

Denuncia la Aedaf la escasa calidad del proceso legislativo y la retroactividad de las normas; además, denuncia la inadecuada aplicación de la norma fiscal. Buena parte de las inconsistencias manifestadas a la hora de interpretar y aplicar la norma tributaria ha venido motivada por un muy diverso entendimiento de los hechos.

La CEOE, en su informe La producción normativa en 2017, apunta que "el entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad". En el referido informe se señala que, solo en 2017, se editaron 223.043 páginas de normas en el BOE, lo que significa un aumento del 29,7% respecto de las 171.905 páginas del BOE publicadas en 2016.