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Malos tiempos para la libertad de expresión en el Líbano



    Beirut, 7 nov (EFE).- Decenas de periodistas, blogueros y activistas que se han expresado críticamente contra el Gobierno han sido detenidos o procesados en los últimos meses en el Líbano, en lo que organismos de derechos humanos ven un ataque a la libertad de expresión y una falta de tolerancia a la crítica en el país.

    Cuando Michel Aoun llegó a la presidencia en 2016, muchos confiaban en que la situación de la prensa y la libertad de expresión volvería a hacer del Líbano el país más abierto de la región, pero, según ONG de dentro y fuera del país, no ha sido así.

    "Unos 45 periodistas, blogueros y activistas han sido detenidos desde el comienzo del mandato del presidente Aoun", indicó a Efe el director del Centro SKeyes para Libertad de Prensa y la Cultura, Iman Mhanna.

    El último periodista que corre el riesgo de ser condenado es Charles Ayoub, redactor jefe del diario Ad Diyar, por un editorial en el que se tildó de "asesino" al príncipe heredero de Arabia Saudi, Mohamed bin Salam, tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi.

    En el editorial, se usan términos como "perro y cerdo", muy despectivos en árabe, y se acusa al príncipe de matar civiles y niños en Yemen, donde su país lidera desde 2015 la coalición militar árabe que combate contra los rebeldes hutíes.

    El ministro de Justicia, Salim Jereissati, pidió a la Fiscalía procesar a Al Diyar y a Ayoub por "expresiones insultantes e inéditas en el trabajo periodístico", que "atentan contra el príncipe heredero y las relaciones entre el Líbano y Arabia Saudí, lo que constituye un delito según el Código penal libanés".

    El periodista Fidaa Itani, exiliado y asilado en Gran Bretaña, fue condenado hace cuatro meses a 60 días de cárcel por una reseña en su página en Facebook en la que criticó al Gobierno y por la que fue denunciado por el ministro de Asuntos Exteriores, Gebrán Basil.

    En la reseña criticaba, entre otras cosas, el maltrato a los refugiados y las "muertes al azar", en alusión a casos de refugiados muertos en la cárcel, de los que responsabilizó al presidente Aoun

    Itani está también procesado por "difamación y calumnia" por un artículo en el que acusaba a un antiguo colaborador del primer ministro, Saad Hariri, de haber creado una sociedad para blanquear dinero del grupo chií Hizbulá.

    La periodista Ghaddar, que trabaja en el Washington Institute for Near Policy en los EEUU y conocida por su oposición a Hizbulá, fue condenada en ausencia a seis meses de prisión por un tribunal militar por "atentar contra el ejército libanés" en un discurso en una conferencia internacional en 2014 en la capital norteamericana.

    "Algunas personas convocadas por la justicia han estado detenidas entre 11 y 12 días por haber criticado a las autoridades en las redes sociales", agregó Mhanna.

    En febrero, Reporteros Sin Fronteras advirtió un aumento de la intolerancia de las autoridades a la crítica periodística y recientemente la ONG Human Rights Watch denunció que "las leyes que criminalizan las críticas legítimas del gobierno atentan a la libertad de expresión"

    "Constituyen una reacción superflua y desproporcionada para proteger la reputación de los responsables", dijo HRW.

    Para Mhanna, "lo que sucede en el Líbano refleja lo que acaece a nivel mundial".

    "Basta oír al presidente norteamericano Donald Trump como arremete contra los periodistas, así como algunos líderes en Gran Bretaña, Brasil e Italia, entre otros", agregó Mhanna.

    Pero en el caso de El Líbano además está la particularidad de un complicado panorama política con una mayoría de los prosirios y Hizbulá en las instituciones y un Ejecutivo interino desde hace casi seis meses ante la imposibilidad de formar Gobierno.

    "Las relaciones entre las fuerzas políticas no están equilibradas y un campo es el que decide. Los jueces, influenciados por esta situación, no saben que tendencia adoptar y no quieren ir contra el poder ya que son conscientes que influirá sobre su situación futura mientras no gocen de una verdadera independencia", dijo el director de SKeyes.

    May Chidiac, una de las candidatas a ocupar la cartera de Cultura en el próximo Gobierno, afirmó a Efe que el problema que existe es que "no hay nuevas leyes para los medios sociales e internet.

    "La justicia aplica las del código civil y los políticos no soportan críticas", aseguró.

    Kathy Seleme