La masacre de campesinos de 1981 pone contra las cuerdas a la justicia salvadoreña

Así lo afirmó en una entrevista con Efe Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas de esta masacre, la mayor de civiles perpetrada por un ejército latinoamericano y que ha llegado a ser comparada con las matanzas nazis o las ocurridas en Vietnam durante la guerra.

"Lo que se está jugando es qué tipo de justicia se va a heredar al país" y "sería excelente tener jueces que no tengan miedo, porque aquí hay jueces que no tienen valor", señaló Medrano, miembro de la organización de derechos humanos Tutela Legal "María Julia Hernández".

El letrado, quien forma parte de la querella en el proceso contra los altos mandos del Ejercito de 1981 y del Batallón Atlácatl, sostuvo que al juzgar "las graves violaciones de derechos humanos" perpetradas en la guerra civil (1980-1992) "el país ya no va a ser el mismo".

El proceso por el caso El Mozote comenzó a finales de marzo pasado con la notificación de la acusación a los militares y en junio se dio inicio a la presentación de testimonios.

Medrano espera que el juez eleve el proceso a plenario o juicio antes de julio de 2018, cuando concluyan su período los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo, que anularon una ley de amnistía en 2016 y cuya sentencia permitió la reapertura del caso.

Medrano detalló que en las últimas semanas declararon en el proceso cuatro sobrevivientes de la masacre de los 10 que ya lo hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que emitió su fallo en 2012.

"Han declarado testigos de vistas y oídas, principalmente mujeres, de cómo los soldados, en cumplimiento de las ordenes del alto mando de la Fuerza Armada, ejecutaron a familias enteras y degollaron niños menores de 5 años con corvos", acotó el abogado.

Apuntó que, a su juicio y pese a que falta la declaración de otros seis testigos, el juez "tiene probada la existencia de la masacre", de la "brutalidad con la que actuaron los efectivos militares" y de la "participación delincuencial" de la cúpula.

"El alto mando de 1981 no se ensució las manos (...), es bien difícil establecer la autoría material, pero no quiere decir que pueden ser excluidos de la responsabilidad" porque "era un grupo reducido de 40 oficiales que andaban en la zona y bastaba reunirlos y decirles que pararan esas masacres", acotó.

Expuso que, además de asesinar, destruir viviendas, quemar cultivos y matar animales domésticos, los militares violaron sexualmente a las mujeres.

Adelantó que una sobreviviente ha confirmado la participación directa en los operativos del teniente coronel Domingo Monterrosa, asesinado en 1984 por la guerrilla y considerado por la derecha salvadoreña como un héroe de guerra.

Apuntó que el militar, al que el Gobierno de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) rinde tributo al mantener su nombre en la brigada que comandó, llegó a la localidad de Arambala y escogió a siete hombres para ser fusilados, entre los que se encontraba el esposo de la testigo.

Medrano lamentó que la defensa de los militares trate de "desacreditar a los testigos, de confundirlos y de dilatar el proceso".

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre los días 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón de elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños.