La Ley del Jurado prevé multas de hasta 1.500 euros por no ejercer como tal

Hoy se ha suspendido un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra un hombre acusado de asesinar a su pareja y de intentar matar al hijo y a la hermana de la fallecida porque un candidato al jurado popular se ha negado a serlo y porque otra persona ha explicado, ya en los juzgados, que no sabía leer ni escribir.

Estas dos bajas han hecho que hubiese diecinueve candidatos para conformar el jurado -entre los que luego se eligen los nueve miembros y los dos suplentes- en lugar del mínimo de veinte que estipula la ley.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han explicado a Efe que se trata de algo inusual y que la persona que se ha negado a ser jurado, asegurando al funcionario que la ha llamado que aceptaría la multa que le impusiesen, se enfrentará a una importante sanción administrativa por no atender la responsabilidad que tiene como ciudadano según la legislación vigente.

Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado detalla cómo se conforman los jurados y que se trata de un deber inexcusable de carácter público y personal.

Establece los requisitos para ser jurado y también los motivos que se pueden alegar para no serlo, y explica que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por cada provincia, dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares, para elaborar la lista bienal de candidatos.

Cualquier ciudadano puede formular ante la Audiencia Provincial reclamación contra el sorteo, y finalmente se da el visto bueno a una lista y se comunica su inclusión en la misma a cada miembro, explicándole las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa y cómo alegar.

Los candidatos pueden alegar estas causas durante quince días para ser reemplazados en la lista, y el juez decano decide sobre cada caso, motivándolo y comunicándolo convenientemente.

Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a formar parte del tribunal durante dos años, y tendrán la obligación de comunicar a la Audiencia Provincial cualquier cambio de domicilio o circunstancia que influya en los requisitos.

Asimismo, cualquier ciudadano podrá comunicar a la Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante el citado período, pueda incurrir.

Una vez que la lista es definitiva, cada uno de los candidatos a jurado puede ser llamado a juicio con una anticipación de al menos treinta días, tras la realización de un sorteo entre los candidatos de la lista de la provincia correspondiente.

El secretario del tribunal notifica a cada elegido la citación para el juicio en una cédula que contiene un cuestionario en el que se especificarán las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición que los candidatos a jurados designados.

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán por correo, cumplimentado y acompañado de las justificaciones documentales que estimen oportunas.

Las partes personadas en cada proceso analizan el cuestionario y pueden formular recusaciones.

El día fijado para el inicio del juicio debe haber veinte candidatos a conformar el jurado, y que de lo contrario hay que señalar el juicio de nuevo.

"El magistrado-presidente impondrá la multa de 25.000 pesetas (150,6 euros) al candidato a jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citación ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda citación, la multa será de 100.000 (602,4 euros) a 250.000 pesetas (1.506 euros)", detalla la ley.

Para la determinación de la cuantía de la segunda multa se tendrá en cuenta la situación económica del jurado que no ha comparecido.