Una juez imputa al presidente de infraestructuras por los contratos del ACA
En un auto, a que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha acordado admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Quer, el exdirector general del ACA Manuel Hernández, y otras 10 personas, varias de ellas cargos de esa entidad pública.
La magistrada ha citado a declarar como imputados para los próximos días 2 y 3 de julio a doce de los trece querellados, entre ellos Quer y Hernández, y ha ordenado averiguar el paradero de otro de ellos, que por el momento está ilocalizable.
De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, la juez ha encargado a la Agencia Tributaria que le remita toda la información de que disponga sobre la unión temporal de empresas (UTE) controlada por Quer que se benefició supuestamente de los contratos a dedo, incluidos los datos sobre retribuciones y retenciones del IRPF.
La magistrada también solicita a Hacienda información sobre las operaciones de las empresas investigadas con terceros y el resumen de los movimientos y saldos de sus cuentas bancarias, así como su actividad exterior y las solicitudes de libramiento de cheques bancarios.
La Fiscalía acusa a Quer, exdirector del ACA entre 2000 y 2004, de haber utilizado sus contactos políticos para lograr la adjudicación directa de contratos de consultoría para la agencia pública, por valor de 7,6 millones de euros, trabajos que después encargó supuestamente a empresas subcontratadas.
La juez considera que, de la lectura de la querella y la documentación aportada a la misma, "se aprecia a priori la existencia de indicios de la presunta participación de los hoy querellados en los hechos que en la misma se narran".
Por ese motivo, ha acordado abrir diligencias contra los acusados, por los delitos de revelación de secretos, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial o mercantil.
La querella del ministerio público sostiene que los expedientes de esa adjudicación presentan "un cúmulo de irregularidades tan numerosas y de tan grosero calibre" que permiten inferir que el contrato firmado con DMA-Gestió había sido "pactado y decidido previamente" de acuerdo con la empresa de Quer.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que inició su investigación a raíz de una denuncia presentada por el Gabinete Jurídico de la Generalitat y un informe de la Sindicatura de Cuentas, mantiene que la adjudicación que se dio al proyecto, articulado mediante un contrato principal y otro complementario, fue "un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito" a favor de la UTE.
Además, advierte el ministerio público, otra de las empresas integradas en la UTE -Artenginy S.L.- pertenecía y era administrada por otro antiguo cargo del ACA, Josep Bou, quien desde 2000 hasta 2006 fue jefe del Departamento de Planificación y Usos de Agua, "por lo que su apoyo a la influencia ejercida en este asunto resultó lógicamente muy relevante".
La querella se dirige además contra tres miembros del consejo de administración de las empresas que conformaban la UTE, constituida formalmente en febrero de 2008, cuatro meses después de que el ACA convocara un procedimiento de licitación para un contrato de consultoría por "trabajos de redacción de programas de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña".