La Audiencia exculpa a Jaume Camps (CiU) por prescripción en el "caso Palau"

En un auto, la sección vigésimo-primera de la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso planteado por la Fiscalía, que llegó a pedir un año y medio de prisión para Camps, y ha avalado la decisión del juez del "caso Palau", que en septiembre de 2014 declaró extinguida su responsabilidad penal al alegar que los hechos de los que se le acusaban habían prescrito.

El fiscal acusaba a Camps, que fue uno de los diputados de mayor peso político en CiU durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, de haber ejercido de intermediario, junto al extesorero de CDC Danièl Osàcar -que sigue imputado-, en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música.

Después de que el juez archivara en septiembre del pasado año la causa contra Camps por la prescripción del delito, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled recurrió a la Audiencia argumentado que el tráfico de influencias que le imputaba al histórico diputado de CiU se habría seguido cometiendo hasta que se inició la causa por el saqueo del Palau de la Música.

Por el contrario, la Audiencia concluye que la supuesta actividad de tráfico de influencias se habría extendido entre los años 1999-2000 hasta el curso 2008-09, por lo que, cuando se citó a Camps como imputado en 2013, estaría "ineludible y claramente prescrita la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido".

La sala recuerda que el plazo de prescripción de este delito es de tres años, por lo que se habría extinguido la responsabilidad penal de Camps incluso de confirmarse que en 2008 mantuvo reuniones con los saqueadores confesos del Palau, como sostiene la Fiscalía a partir de documentos incautados a Fèlix Millet.

Según el fiscal, Camps tuvo un papel de "intermediación en el mecanismo de tráfico de influencias retribuido a favor de la formación CDC, siendo la estructura del Palau de la Música la cañería utilizada para la circulación encubierta de un caudal de comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial".

El ministerio público atribuyó a Camps esa intervención desde los años 1999 y 2000, cuando se inició el presunto mecanismo de pago de comisiones, y sostuvo que su papel continuó en el tiempo, sin que se descarte que participara en las últimas reuniones que Millet mantuvo con responsables de CDC, en febrero de 2008, según consta en la agenda del saqueador confeso.

El nombre de Jaume Camps aparecía citado en una documentación hallada en el Palau de la Música que fue aportada al juzgado en 2010 por el entonces director de la entidad cultural Joan Llinares, que la encontró al reorganizar los archivos de los antiguos responsables de la entidad, Fèlix Millet y Jordi Montull.

En concreto, Llinares entregó al juzgado una carpeta que llevaba por título "Jaume Camps. Lunes 24/3 a las 11", que se abría con un documento, sin membrete ni fecha, en el que figuraban una serie de cantidades mecanografiadas y en el que se perfilaba parte de un papel, adjuntado con un clip, en el que aparecía manuscrito el nombre del ex diputado junto a dos indicaciones: "pago 105.000 m. Ferrovial" y "autopista".

Las cifras mecanografiadas que aparecían en el documento se desglosaban posteriormente de la siguiente manera: "105.000.000 euros" (y su equivalente en pesetas), "el 4 % = 4.200.000 euros" (y su equivalente en pesetas) y "FOC (que podría corresponder a Fundació Orfeó Català) 1,5 % = 1.575.000" (y su equivalente en pesetas).

Estos porcentajes coinciden con los anotados en otros archivos intervenidos en el registro policial al Palau de la Música, también incluidos en la causa, que aluden al pago de presuntas comisiones del 4 % por parte de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En su declaración como imputado, en febrero de 2013, Camps, que llegó a ocupar un sillón en el Consejo Consultivo de la Generalitat, aseguró ante el juez que su relación con Millet y con Ferrovial fue "única y exclusivamente profesional" por su condición de abogado de ambos, sin vinculación alguna con el desvío de fondos del Palau.

La resolución de la Audiencia era uno de los últimos trámites que faltaban para que el juez de instrucción pudiera enviar a juicio el "caso Palau", en el que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse supuestamente del expolio de la entidad cultural.

Sin embargo, aunque la causa ya está calificada, la Audiencia de Barcelona debe resolver ahora los recursos que varias defensas han presentado a última hora contra el auto que daba por finalizada la instrucción del caso.