El CGPJ aprueba por unanimidad el informe que considera ilegales las escuchas sin control judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su informe sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el Gobierno y en el que señala que la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa que recoge el texto "plantea serias dudas de encaje constitucional".

En concreto, el anteproyecto prevé que "en caso de urgencia" y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida antes de 72 horas.

También ve con buenos ojos que el anteproyecto fije un plazo máximo para la instrucción -seis meses para las causas ordinarias y dieciocho, prorrogables, para las complejas- que, "además de superar el anacrónico y poco realista plazo de un mes previsto actualmente, tiende a satisfacer las exigencias del principio acusatorio, por cuanto propicia el avance del proceso hacia la fase intermedia".

No obstante, el texto aprobado propone el establecimiento de la posibilidad de reapertura de los procedimientos una vez transcurridos los plazos que marca la ley para la instrucción "cuando aparezcan nuevos elementos determinantes de la comisión del delito y de su participación". Además, considera que "debería permitirse la prórroga del plazo máximo de la instrucción ordinaria", tal y como se prevé para las causas complejas.

La propuesta del informe, que llega de la mano de los vocales Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, pide, asimismo, que se garantice el derecho a la asistencia letrada también en la fase de diligencias policiales y durante la toma de muestras de ADN. Al mismo tiempo, considera que es necesario "reflexionar acerca del riesgo que comporta" fijar un plazo de prórroga de la intervención de las comunicaciones -por periodos sucesivos de tres meses- que puede llegar hasta los dos años.

Valoración positiva

Con todo el informe hace una valoración del texto propuesto por el Gobierno "necesariamente positiva",en tanto que es el resultado "de una concepción ágil y moderna de la justicia penal", se muestra garante de los derechos fundamentales que han de ser respetados en el proceso penal "y se presenta como el baluarte de una futura regulación de la justicia penal que responda a las exigencias de la sociedad actual".

Además, en relación a que el anteproyecto regule por primera vez la utilización de SMS y otros datos electrónicos en las investigaciones, el informe avalado hoy por el Consejo sostiene que "debe elogiarse" que el texto establezca un "régimen completo de todas las medidas de investigación que comporten una injerencia en los derechos consagrados en el artículo 18 de la Constitución, abarcando las comunicaciones de cualquier clase a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, comprendiendo tanto la comunicación en sí como los datos electrónicos de paso o asociados al proceso de comunicación, así como los necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad".

Las vocales Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Concepción Sáez ya han anunciado la formulación de votos particulares concurrentes en relación con determinados artículos del anteproyecto.