Ribó denuncia que los derechos de los niños siguen conculcándose en Cataluña

El defensor del pueblo catalán ha entregado hoy al Parlament su informe anual sobre los Derechos de la Infancia que, coincidiendo con el 25 aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, recoge los principales incumplimientos en defensa de proteger y garantizar su aplicación,y que señala que los niños de clases más desfavorecidas son los que más ven conculcados sus derechos.

Ribó ha lamentado que aunque "los retos para garantizar los derechos de la infancia suponen un avance, sigue habiendo carencias", situación que la Adjunta del Síndic para defender los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, ha calificado de "estancamiento".

Larios ha subrayado que "la situación de pobreza continúa, o crece, y las inversiones en políticas de infancia no se han incrementado".

El informe se divide en 10 problemáticas y se proponen recomendaciones para mejorar las conculcaciones existentes, la primera de las cuales está presente en las demás: la falta de escucha efectiva ya sea a nivel escolar, jurídico o de protección de la infancia, ya que "el niño debe ser tratado como un ciudadano activo para que se garanticen sus demás derechos" ha comentado Larios.

Según la legislación de infancia, las medidas de acogida deben tener preferencia ante las que comportan el internamiento del menor en un centro, pero el Síndic denuncia "la inadecuación de los recursos del sistema de protección a las necesidades de la infancia", ya que en 2014 el 38,5 % de los niños en el sistema de protección están en centros residenciales, frente al 13,5 % en familias de acogida.

El Síndic también ha denunciado la "invisibilidad del maltrato", a lo que ha destacado "la falta de escucha real, especialmente en el caso de adolescentes", por lo que recomienda más formación sobre los derechos de la infancia, protocolos de comunicación entre actores y más seguimiento a los centros, profesionales y afectados.

Existe, según el informe, "déficit en la inclusión de los menores con discapacidad" y en el ámbito de la educación, y cabe destacar el consejo de "impulsar y finalizar la reconversión definitiva de los centros de educación especial en centros de referencia y apoyo para escuelas ordinarias".

Sobre carencias en relación con la salud mental, doble de probable en niños y adolescentes de clase baja que en los de alta, recomienda ampliar la oferta la oferta de centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) y reforzar los servicios, entre otros.

La pobreza infantil, que en 2012 afectaba al 29,4 % de los menores de 16 años, implica para el Síndic la necesidad de una renta garantizada, pues "el número de beneficiarios ha crecido y está al nivel de 2010, pero la pobreza también se ha incrementado", ha lamentado Larios.

En referencia a las carencias en las políticas de acompañamiento familiar, Larios ha destacado que Cataluña invierte el 1 % de su PIB en políticas de protección social, frente al 2,2 % de la Unión Europea, y por ello la institución propone "priorizar el gasto en políticas dirigidas a la infancia y a la familia, equiparándolo a la media europea, y compensar las desigualdades territoriales en los programas de apoyo a la familia".

El Síndic denuncia en su informe "la falta de equidad del sistema educativo", que "no es capaz de corregir las desigualdades sociales del origen de los menores", por lo que en general los socialmente menos favorecidos tienen un acceso más tardío a la educación, a lo que recomienda más sistemas de ayuda y bonificaciones para igualar las oportunidades.

En lo referente a "la escolarización desequilibrada del alumnado", Larios asegura que "la segregación no se ha incrementado, pero tampoco se han mejorado las carencias", y recomienda seguir el artículo 48.1 de la LEC para garantizar el impacto de esta medida sobre los centros "que concentran una proporción más elevada de alumnado con necesidades educativas específicas".

El informe también señala la "desigualdad en el acceso al ocio educativo", en el que hay desigualdad de acceso, para la que proponen ayudas económicas para los menores más desfavorecidos y que los ayuntamientos y departamentos implicados garanticen la continuidad de los planes educativos.