ETA.- La defensa de Inés del Río insiste ante Estrasburgo que España prolongó de forma "arbitraria" su condena

ESTRASBURGO (FRANCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El abogado de la etarra Inés del Río, Mark Muller, ha rechazado este miércoles los argumentos del abogado del Estado contra la sentencia condenatoria de la Tercera Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por aplicarle a la etarra Inés del Río la doctrina Parot. El letrado ha insistido en que España ha prolongado en nueve años su condena de forma "arbitraria" en aplicación de dicha doctrina de forma retroactiva.

"Este caso afecta a la legalidad del aumento de la sentencia impuesta contra ella como consecuencia de la doctrina Parot", ha defendido Muller ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este miércoles ha comenzado a deliberar si ratifica o revoca la sentencia de su sala menor que condenó a España por aplicar la doctrina Parot a Del Río.

Muller ha insistido en que con la doctrina Parot las autoridades españolas han "anulado 30 años de práctica administrativa de prisiones y judicial, que han resultado en la pérdida de la demandante de nueve años de remisión (de su pena)".

"La redefinición de la pena con el objetivo de cálcular la remisión ha llevado a una ampliación retroactiva en el alcance de la pena inconsistente con la calidad de la ley, que era imprevisible cuando la demandante fue combinada, fijada y notificada", ha recalcado el letrado.

El abogado de la etarra ha insistido en que "la Tercera Sección ha concluido unánimemente que España violó el artículo 5 y 7" del Convenio Europeo de los Derechos Humanos el pasado mes de julio y ha mostrado el apoyo de la defensa a su "tratamiento de los hechos". "Y la aplicación de su jurisprudencia fue completamente correcta", ha recalcado.

APLICACIÓN UNIVERSAL DEL ESTADO DE DERECHO

Muller ha insistido en que este es "un caso simple" y "no va de política" ni "tampoco de terrorismo ni de la capacidad del Estado de abordar nuevas realidades sociales". "Más bien, va de la aplicación universal del Estado de Derecho", ha recalcado, rechazando que un Estado tenga poder para "privar" de libertad a una persona de forma "irregular".

"El caso de la demandante puede resumirse por una única máxima, de Thomas Jefferson de hace 240 años. Es más peligroso incluso que una persona culpable sea castigada sin una forma de ley a que escape", ha destacado el letrado, parafraseando al tercer presidente estadounidense.

"Este principio de legalidad fundamenta todos los sistemas civilizados de justicia", ha subrayado, insistiendo en que los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíben ambos" cualquier tipo de castigo o privación de libertad sin ley que lo avale.

Muller ha rechazado en todo caso el argumento de la abogacía del Estado de que la Sección Tercera del tribunal europeo "fracasó en distinguir entre pena y ejecución de pena", sobrepasando de esta manera el derecho de los Estados miembro ni su argumento sobre la jurisprudencia del tribunal europeo que deja en sus manos determinar los beneficios penitenciarios y por tanto que el cálculo de la remisión de la pena por la aplicación de la doctrina Parot quede fuera del ámbito del artículo 7 del Convenio.

Además, ha insistido en que su cliente no podía prever de forma "suficientemente clara y previsible" el alargamiento de su pena. "La redefinición de la pena no era previsible", ha insistido.

El segundo letrado de la etarra, Sudhanshu Swaroop, ha rechazado el argumento del Estado español de que no ha violado el artículo 7 del Convenio porque "no ha habido ningún cambio en la pena aplicada" sino "sólo sobre las normas de la ejecución de la pena" y ha insistido en que el artículo 100 del Código Penal de 1973 dice que la remisión es aplicable "sólo a la pena impuesta", es decir, a los 30 años de condena y ha recalcado por ello que la sentencia del Tribunal Supremo español de 2006 que estableció la doctrina Parot "redefinió retrospectivamente el concepto de la pena" con el objetivo de castigar "más severamente" a los condenados.

"La interpretación judicial debe ser consistente y razonable", ha recalcado, considerando "irrelevante" el argumento del Gobierno español de que "no hay expectativas no sujetivas de la remisión" de penas y recalcando que la protección del individuo frente "al castigo arbitrario" está "absoluta e incondicionalmente garantizado por el artículo 7".

El abogado del Estado español, Francisco Sanz Gandasegui, ha dejado claro en las alegaciones finales sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios que éstos se acomodan a la evolución del comportamiento del penado y que "la redención de penas no es un derecho del interno de aplicación automática" y en el caso de terroristas se tienen en cuenta su renuncia al terrorismo, la petición de perdón a las víctimas y la compensación por daños causados. "Cosa que no ha hecho nunca la demandante", ha zanjado.

El también letrado de la etarra, Michael Ivers, ha insistido por su parte en que España ha vulnerado el artículo 5 del Convenio por "fracasar en conceder la remisión a la que tenía derecho", lo que supone una infracción a dicho artículo "con independencia de cualquier consideración sobre la dicotomía" entre pena y ejecución de la pena. "Hagan las matemáticas", ha emplazado a los 17 jueces de la Gran Sala.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha comenzado a deliberar este miércoles sobre la sentencia contra la doctrina Parot de su Tercera Sala a petición del Gobierno español que la recurrió tras escuchar los argumentos de ambas partes en la vista judicial pública celebrada este miércoles, aunque no dictará su sentencia definitiva, manteniendo o revocando la anterior hasta dentro de varios meses.

A la vista, han asistido la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, para defender que el tribunal de Estrasburgo siga impartiendo justicia para las víctimas y no derogue la doctrina Parot, petición que han acompañado con 10.000 firmas de los ciudadanos.

También han acudido representantes afines a la Izquierda Abertzale como Oscar Matute, Xabier Mikel Errekondo y Rafael Larreina.