Recurrirán el amparo otorgado al golpista guatemalteco Ríos Montt
El letrado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) Héctor Reyes, jefe del equipo de abogados de los querellantes, dijo a Efe que en cuanto sean notificados oficialmente del amparo presentarán un recurso de apelación por considerarlo "improcedente".
El sábado, una Sala de Apelaciones de Guatemala admitió el recurso de amparo del anciano exdictador y suspendió el inicio del juicio penal programado para el próximo 19 de marzo.
La Sala consideró que el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, quien ordenó enjuiciarle por delitos de genocidio y crímenes de guerra, incurrió en un error al no aceptar como pruebas de descargo a los peritos propuestos por la defensa.
"En cuanto seamos notificados oficialmente del amparo provisional que le fue otorgado (a Ríos Montt) vamos a presentar un recurso de apelación en contra de esa resolución", precisó Reyes.
El recurso, indicó, será presentado a la Sala Cuarta de Apelaciones, que fue la que otorgó el amparo provisional parcial a favor del exjefe de Estado, la cual deberá elevarlo a la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, que es a la que corresponde resolver el asunto.
Además, explicó Reyes, consultarán al Tribunal Primero A de Sentencia de Mayor Riesgo "qué criterio utilizarán en este caso" con respecto a la fecha de inicio del juicio penal contra Ríos Montt.
"A los tres jueces que integran ese tribunal les corresponde determinar si suspenden el inicio del juicio o mantienen la fecha del 19 de marzo como la tienen programada", dijo el abogado.
Según Reyes, el amparo provisional otorgado a Ríos Montt no debería interrumpir el inicio del juicio por tratarse de un simple "trámite procesal", aunque el sábado reconoció que "retrasa el inicio del juicio oral".
Ríos Montt será enjuiciado junto a su antiguo jefe de inteligencia militar exgeneral José Rodríguez como supuesto autor intelectual de los asesinatos de 1.771 indígenas de la etnia ixil, perpetrados por el Ejército durante el tiempo que permaneció en el poder (marzo de 1982 a agosto de 1983), según la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
El ex general golpista será el primer exgobernante guatemalteco en enfrentarse a la Justicia por casos de genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados por el Ejército durante el conflicto armado (1960-1996) que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.