Ocupan la Suprema Corte uruguaya contra el traslado de una jueza de las causas de la dictadura
Fuentes judiciales confirmaron a Efe que Mota "no ha podido asumir" su nueva responsabilidad por "la cantidad de gente concentrada tanto fuera como dentro de la sala" de la corte en que estaba previsto el acto de toma de posesión.
Efe pudo constatar en el lugar que durante la acción de protesta hubo empujones, forcejeos e insultos entre varios manifestantes y una veintena de policías que fueron enviados allí para asegurar el desarrollo de la ceremonia.
Hacia las diez de la mañana, una hora antes de la prevista para el acto (11.00, 14.00 GMT) comenzaron a llegar a la sede del tribunal los manifestantes, pertenecientes a grupos sociales que luchan contra la impunidad de los crímenes de la dictadura.
Entre esas organizaciones están la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay o Crysol.
Varios representantes de estos grupos lograron entrar al recinto para ocuparlo e impedir que se celebrara el acto.
El traslado de la magistrada Mota de la jurisdicción penal a la civil ha sido motivo de gran polémica desde el momento en que fue anunciado esta semana por la Suprema Corte.
El jueves el ministro de ese tribunal Jorge Chediak justificó el traslado por los "antecedentes" de la jueza. "Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo", afirmó, sin dar mayores detalles.
Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una manifestación que se realiza cada mes de mayo por el centro de Montevideo y en la que miles de personas portan velas y caminan en silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.
Por ese episodio, en el que según la juez solamente estuvo presente pero no marchó con los manifestantes, Mota fue objeto de una investigación de carácter administrativo.
La magistrada también tuvo problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por diferencias sobre el caso de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata en junio del año pasado.
Sin embargo, activistas y profesionales del medio judicial han criticado duramente la medida, como la exfiscal Mirtha Guianze, que la consideró "sorprendente e indignante".
"Es un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad", afirmó el jueves a Efe esa fiscal, que investigó casos de desapariciones y muertes durante el régimen de facto.
Según Guianze, el traslado de la magistrada provocará una "parálisis de los juicios que tiene pendientes", ya que "tenía que resolver casos que implican a personalidades importantes en la órbita militar".
En cambio, la noticia fue bien recibida por los militares retirados, para quienes "demuestra que aún se puede confiar en la justicia" en el país, según señaló el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez.
Según Cedrez, Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez".