Bárcenas regularizó 10 millones de euros pero no se benefició de la amnistía fiscal

Este caso ha provocado hoy la "indignación" de la dirección del PP y la petición de los socialistas de que el propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dé explicaciones.

Tras conocerse los datos de las cuentas de Bárcenas por la documentación remitida por el Dresdner Bank de Ginebra al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, el abogado del extesorero del PP, Alfonso Trallero, ha señalado hoy a Efe que su cliente regularizó en el año pasado diez millones de euros que tenía en Suiza.

Trallero no ha aclarado si se había acogido a la amnistía fiscal -que le habría permitido aflorar el dinero oculto pagando un recargo del 10 %- o había presentado una declaración complementaria.

Poco después la Agencia Tributaria ha informado de que el exsenador no se ha acogido al proceso de regularización fiscal, una posibilidad que había llevado al PSOE a sospechar que el Gobierno había aprobado la amnistía parcial y la reforma del Código Penal que exime de delito a los defraudadores para "encubrir" al que fuera tesorero del PP.

Los socialistas no se han contentado con las explicaciones de la Agencia Tributaria y su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "salga y dé una explicación pública".

En nombre del PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha recalcado que las cuentas en Suiza de Bárcenas son "un tema particular" que "nada tiene que ver" con el partido y ha garantizado que, como a la mayoría de los ciudadanos, el caso le produce "indignación".

Sobre su eventual dimisión tras lo ocurrido, ha subrayado que ella dijo en su día y mantiene que dimitiría si tuviera una cuenta en Suiza. "No la tengo ni la voy a tener, aunque para algunos sea muy normal tenerla", ha añadido.

El portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso, ha repetido su mensaje. El partido está "indignado" y no tiene "nada que ver" con las cuentas de Bárcenas, que "felizmente" ya no pertenece al PP, ha dicho.

Alonso ha negado que el exsenador pudiera enriquecerse desde su puesto de tesorero ironizando que no tenía una retribución tan alta y ha asegurado que los populares, "más interesados que nadie" en que los hechos se aclaren, van a "animar" al juez para que siga la investigación, "salga todo lo que tenga que salir y todo el mundo asuma su responsabilidad".

En la misma línea, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la justicia debe investigar "con contundencia" un caso que ha calificado de "grave", y el presidente cántabro, Ignacio Diego, ha afirmado que noticias como éstas "avergüenzan" a los políticos.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha pedido que se vaya "hasta el final con todas sus consecuencias"; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado "completamente escandalizada"; y la presidenta del partido en la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha exigido que se investiguen "caiga quien caiga" los casos de corrupción que indignan a los "políticos honrados".

Por su parte, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, ha denunciado la "incoherencia" y "falta de ética" que aplica el PP al utilizar distinta vara de medir para tratar el caso Bárcenas y las informaciones de presunta corrupción que afectan a miembros de la familia Pujol.

En nombre de IU, su coordinador general, Cayo Lara, ha pedido la dimisión de Cospedal si se demuestra que los 22 millones de euros proceden de una financiación ilegal del PP.

Más directo ha sido el PSOE de Castilla-La Mancha, que ha instado a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, a que "se aplique la misma medicina" con el caso de las cuentas en Suiza que la que predicó al hablar de las que podían tener dirigentes de CiU en ese país y, por lo tanto, dimita.

Para la diputada de UPyD Irene Lozano, si bien la sospecha no es suficiente para una condena penal, "sí lo es "para depurar responsabilidades políticas".