La responsabilidad penal de los partidos entrará en vigor la semana que viene
La posibilidad de perseguir penalmente a los partidos políticos como personas jurídicas es fruto de un acuerdo entre el PP y UPyD en la reciente reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social, que contó con el rechazo del PSOE y también de la propia CiU, de la que forma parte Unió Democrática de Cataluña.
En la exposición de motivos de la reforma, se destaca que así se supera la "percepción de impunidad" que partidos y sindicatos trasladaban con la anterior legislación.
De este modo, se extiende la responsabilidad penal por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o "por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos".
El pasado otoño, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió esta reforma porque, a su juicio, no tenía sentido que partidos y sindicatos tuvieran actualmente ningún tipo de "privilegio" en este sentido.
Durante el debate de la iniciativa en el Congreso el pasado 31 de octubre, CiU mostró su rechazo con este cambio en el Código Penal que otros grupos calificaron también de "populista".
Así, la diputada socialista Magdalena Valerio tachó la modificación de "populismo punitivo", y no de medida que sirviera para regenerar la vida política, en un momento en que los partidos y las instituciones están especialmente cuestionados por los ciudadanos.
Recordó que la inclusión en 2010 de las personas jurídicas en la responsabilidad penal se llevó a cabo para luchar contra el crimen organizado, pero sin que pudiera extenderse a los estados, organismos dependientes, partidos y sindicatos, salvo que hubieran sido creados con ese fin delictivo.
En esta misma línea, el diputado del PNV Emilio Olabarria tachó la reforma de "aberración" y advirtió de que no se pueden extender responsabilidades individualizables al conjunto de una organización política o sindical.
Por contra, la líder de UPyD, Rosa Díez, reconoció sentirse "alucinada" porque algunos grupos critiquen una iniciativa para extender la responsabilidad penal aplicable a personas jurídicas a partidos y sindicatos.
En su opinión "no tiene sentido" que los partidos no sigan las mismas normas que ellos mismos, a través de sus cargos públicos, han considerado convenientes para el resto de la ciudadanía y de las distintas empresas y organizaciones de la sociedad civil.