El Gobierno boliviano califica de "desatinado" el asilo de Brasil a un opositor
"Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el Gobierno de Brasil de otorgar asilo a una persona que acá en Bolivia está acusada no por sus ideas (...) Es una persona acusada por delitos comunes", dijo en rueda de prensa el presidente en funciones por el viaje del gobernante, Evo Morales, a Italia y Holanda.
Refugiado en la embajada brasileña en La Paz desde hace dos semanas, Pinto pidió asilo al Gobierno de Dilma Rousseff alegando persecución política por criticar a Morales y acusarle de no actuar contra el narcotráfico.
Brasil aceptó la solicitud del senador la semana pasada, aunque el ministerio de Exteriores boliviano insiste en que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esa decisión.
Consultado sobre el salvoconducto que debe emitir el Gobierno de Morales para permitir que Pinto se traslade a Brasil, el vicepresidente dijo que "es un procedimiento que está en manos de la Cancillería".
Pinto, que representa a la región norteña de Pando, se ha quejado en una carta de que hay "más de 20 procesos penales" abiertos contra él por el Gobierno y el sector oficialista, cada "uno más descabellado que el otro", según él.
Linera negó que el senador sea un perseguido político al afirmar que está acusado "de asesinato" por su supuesta responsabilidad en una matanza de campesinos en Pando ocurrida en septiembre de 2008 durante un conflicto entre líderes autonomistas del oriente y el Gobierno de Morales.
Por ese mismo caso fue destituido y está preso el opositor Leopoldo Fernández, que era entonces gobernador de Pando.
Linera sostuvo que Pinto también es investigado "por daño económico al Estado" y que tiene denuncias por desacato, incluidas una del mismo vicepresidente y otras de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo.
En el último caso, anunció que él y Suxo decidieron desistir de sus acusaciones "para no entorpecer nada" y que se ha propuesto a la Asamblea Legislativa eliminar esa figura del Código Penal.
Desde que Morales asumió la Presidencia por primera vez en 2006, decenas de empresarios y políticos opositores han huido o buscado refugio en Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Perú y España, entre otros países, tras acusar al Gobierno de persecución política y argumentar que en Bolivia no tendrán un juicio justo.
Por otra parte, Linera declinó comentar una denuncia difundida en algunos medios chilenos sobre supuesto espionaje y filtración de información en el consulado de Chile en La Paz.
Para el vicepresidente, es una "trama" de "espionaje interno", un "problema de funcionarios chilenos" que "no involucra al Gobierno boliviano".