Una prisión sin rejas para los miembros de la CPI arrestados en Libia
Según dijo a Efe el portavoz del Consejo Local de Zintan, Jaled Kor, la abogada australiana Malinda Taylor y su traductora serán custodiadas en antiguas residencias civiles que han sido reconvertidas en centros de detención.
Kor agregó que durante el periodo de prisión preventiva, que puede prolongarse hasta un máximo de 45 días, las dos integrantes de la CPI serán trasladadas a diferentes residencias por motivos de seguridad.
El presidio de la localidad fue quemado durante el levantamiento popular que estalló en febrero de 2011 y que finalizó ocho meses después tras la caída del régimen de Muamar el Gadafi, asesinado el 20 de octubre cuando se encontraba bajo custodia de los rebeldes.
El portavoz de la oficina del fiscal general libio, Taha Bara, confirmó hoy que se había ordenado prisión preventiva para Taylor y su traductora, acusadas de "perpetrar delitos contra la seguridad del país".
En unas declaraciones reproducidas por la agencia estatal libia, WAL, y pronunciadas en una rueda de prensa, Bara agregó que las acusadas se encontraban en posesión de documentos, aparatos de espionaje y "drogas extrañas", en el momento de la detención.
Ambas fueron detenidas el pasado jueves tras visitar al hijo de Gadafi, Seif al Islam, que custodiado en esta localidad libia y al que visitaban como parte de las investigaciones del Tribunal Internacional contra Al Islam, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Junto a ellas se encuentran otros dos integrantes de la misión, un abogado ruso y otro español, cuya situación no ha sido esclarecida del todo por las autoridades.
Según dijo a Efe el representante libio ante la CPI, Ahmed Yihani, acompañan a las detenidas por solidaridad.
Sin embargo, según Kor estos dos miembros del equipo también se encuentran bajo "arresto temporal" debido a que se encontraban con Taylor durante la entrevista que esta mantuvo con Seif al Islam, y en la que supuestamente le intentó entregar el material que le fue incautado.
Kor, que aseguró que había presiones por parte del Ejecutivo para liberar a los retenidos, comentó que la decisión final debía ser tomada por la fiscalía, sin dar más detalles.
El portavoz del Gobierno libio, Naser al Manaa, pidió hoy a la CPI, que ha enviado una delegación para seguir la situación sobre el terreno, que comprenda la postura de su país y que coopere con la justicia.
"Esperamos el resultado de las investigaciones que lleva a cabo la oficina del fiscal general y a la luz de estas investigaciones actuaremos con total neutralidad", aseguró Al Manaa a la agencia libia de noticias.