El fiscal rebaja a 2 años de cárcel su acusación a un director de banca por estafa
En la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio contra Jordi B., que sufre esquizofrenia residual y un trastorno amnésico, y que el pasado lunes confesó que entre 1999 y 2002 estafó más de cinco millones de euros a sus "clientes VIP", la mayoría personas de avanzada edad que confiaban ciegamente en él.
El fiscal, que en principio pedía para el acusado seis años de cárcel, ha rebajado hoy su petición definitiva hasta los dos años de prisión, al concurrir la eximente incompleta de alteración psíquica, con lo que, si finalmente Jordi B. es condenado, podría eludir el ingreso en prisión.
Según han confirmado los médicos forenses a lo largo del juicio, al exdirector de la principal sucursal bancaria de la Caja de Ingenieros en Barcelona se le diagnosticó en 2002 una esquizofrenia residual y un transtorno amnésico que le provoca lagunas en su memoria.
En virtud de los informes médicos, el acusado ya podía presentar síntomas de su alteración psíquica con anterioridad al diagnóstico y, por lo tanto, cuando ocurrieron los hechos, lo que ha llevado al fiscal ha rebajar su petición de condena.
En el interrogatorio al que fue sometido el pasado lunes, Jordi B. se limitó a balbucear un "sí" para confesar que, como sostiene el fiscal, estafó a siete clientes que confiaban ciegamente en él, la mayoría de avanzada edad y con una salud precaria, falsificando su firma en cheques o engatusándoles con productos financieros de riesgo dándoles a entender que su capital estaba garantizado.
En esta causa, el tribunal ya absolvió "in voce" nada más iniciarse el juicio a otro de los acusados, al entonces director general de la Caja de Ingenieros, Hilario L., porque el fiscal retiró la acusación por extorsión en su contra porque la anciana que lo denunció por presionarle, para que firmara un acuerdo y desistiera de acudir a la policía, dio marcha atrás antes de morir.
En este caso también está acusada la exesposa de Jordi B., Elisabet Cristina V., para quien el fiscal ha mantenido su petición de dos años de cárcel por levantamiento de bienes, ya que durante el medio año en el que estuvieron casados -entre junio de 1999 y enero de 2000- recibió de su marido 108.000 euros a una cuenta de su madre en Argentina, 402.000 euros para que se comprara un piso y 324.000 euros para abrir una cuenta en Andorra, dinero con el que supuestamente llevó a cabo actuaciones inmobiliarias irregulares.
El fiscal también pedía inicialmente dos años de cárcel por la exprometida y exsecretaria del acusado, Mireia L., por su supuesta colaboración en la estafa, pero finalmente el ministerio público no ha apreciado delito en su actuación y se ha limitado a pedir que devuelva los 84.000 euros que Jordi B. le ingresó en una cuenta en Montecarlo.