Un exalcalde de Chapinería defiende que es legal contratar a una sobrina
En el primer día del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, el exedil ha defendido la contratación de su sobrina como auxiliar administrativa en 2006 alegando que "Chapinería es un pueblo de 2.000 habitantes en el que casi todos son familia".
"Ella ya había trabajado en el Juzgado de Paz del municipio y su contrato era urgente tras la marcha de la anterior secretaria", según el exedil, que ha añadido que había "mucho trabajo" para poder aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Además, ha asegurado que no recuerda que el interventor hiciera un informe negativo sobre dicha contratación, para la que, según él, no hubo tiempo para hacerlo de otra forma.
El fiscal acusa a González Robles de dos delitos de prevaricación, uno de ellos continuado, y le solicita una pena de diez años de inhabilitación para cargo público, un año de suspensión de empleo y el pago de una multa de 2.100 euros.
Junto al exalcalde popular esta semana se sientan en el banquillo de los acusados cuatro exconcejales durante su etapa en el Consistorio -José Hernández Botello, Jenaro Hernández Hernández, Teresa Lumbreras Pacheco y Ángel Cob Botello-, que afrontan también diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Además de la irregular contratación de su sobrina, el Ministerio Fiscal recuerda en su escrito provisional que en 2006 el exalcalde acordó encargar la elaboración de un estudio previo de incidencia ambiental para el Plan de Ordenación Urbana a la consultoría Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, pese a los informes desfavorables del interventor y sin que existiera presupuestos.
Sin embargo, González Robles ha insistido en decir que no se solía leer los informes del interventor, fueran negativos o no, porque luego se veían en los Plenos.
Según el fiscal, los acusados también intervinieron en el abono de varias facturas sin existir consignación presupuestaria, se pagaron 1.500 euros a una asociación juvenil sin que hubiera una factura de por medio, y fue concedida una licencia urbanística a un vecino para "actualización de vivienda unifamiliar" pese a que el proyecto contravenía las ordenanzas de edificabilidad.