Juez remite a la vía administrativa la falta de identificación de los mossos

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha completado hoy en un nuevo escrito el auto con el que archivó la causa por las cargas policiales del pasado 27 de mayo, después de que la Fiscalía le pidiera que se pronunciara sobre los delitos de prevaricación y contra la integridad moral incluidos en la querella por la que se abrió el caso.

En el nuevo auto, el juez alega que el hecho de que los antidisturbios no llevaran visible su identificación sobre el chaleco antitrauma no constituye un delito de prevaricación, como defiende la acusación particular ejercida por los indignados, sino "como máximo un hecho extra penal consistente en la posible contravención de un decreto".

Por ese motivo, recuerda al medio centenar de indignados denunciantes que tienen a su alcance la vía de reclamación de las administraciones públicas, si estiman que la falta de identificación les ha causado algún tipo de perjuicio.

El propio instructor reconoce en su escrito que, en el caso de que se hubiera detectado algún "exceso o extralimitación" en el uso de la fuerza por parte de la policía el 27M, la causa se habría acabado archivando por la imposibilidad de identificar a los agentes.

Según relata el magistrado, de los 49 heridos en las cargas de la plaza de Catalunya, sólo 9 necesitaron tratamiento médico posterior -requisito para constituir un delito de lesiones- y ninguno de ellos pudo facilitar "datos mínimamente fiables que permitieran identificar al o los autores" de la agresión.

En algún caso aislado, añade el auto, el juez remitió a los Mossos d'Esquadra fotografías de agentes que habían sido reconocidos por los denunciantes como autores de las lesiones, pero el Departamento de Interior dio respuesta negativa al requerimiento.

En su declaración como imputado, el director de la policía catalana, Manel Prat, afirmó que los agentes que participaron en la operación de la plaza de Catalunya sí llevaban adherido el número de placa, pero ésta quedaba tapada por los chalecos antitrauma que emplean los antidisturbios.

En su auto, Josep Maria Miquel Porres resalta que el Decreto 217/2008 obliga a los agentes a lucir en la parte delantera del uniforme el número de TIP, "lleven el uniforme que lleven".

No obstante, para el juez, el hecho de que los agentes que intervinieron en la plaza de Catalunya no llevaran el TIP "no permite afirmar o presumir, sin disponer de ningún tipo de instrumento probatorio, que esa omisión fuera deliberada o consecuencia de una decisión tomada por uno de los imputados".

En opinión del juez, la calificación de ese hecho como delito de prevaricación en la querella presentada por los indignados "no pasa de ser una conjetura meramente especulativa, más propia de un razonamiento emocional e interesado que de una lógica jurídica".

Además, el magistrado precisa que la ausencia de identificación de los agentes "no fue una singularidad o excepción del día de los hechos, sino una falta de previsión que, por lo que parece, era o es todavía habitual", como reconoció el propio director de la policía catalana en su declaración como imputado.

Sin embargo, añade el juez, no por ello la falta de TIP debe ser considerada un hecho delictivo, ya que esa inferencia conduce "al absurdo de considerar que se han producido tantas prevaricaciones como actuaciones llevadas a cabo sin la identificación exterior de los agentes".

Respecto a los delitos de coacción o amenaza incluidos en la querella, el magistrado concluye que es "intrínseco a la labor policial" que la policía recurra a esos medios para conseguir la finalidad que legaliza su actuación.

El auto rechaza también el delito de detención ilegal porque, a su juicio, la policía no impidió, en su intento de desalojar la plaza para limpiarla de objetos peligrosos, que los acampados pudieran salir, sino en todo caso que entraran las miles de personas concentradas alrededor.

En la causa, que se abrió a raíz de una querella presentada por medio centenar de indignados, estuvo imputado el director de la policía catalana, Manel Prat, la exteniente de alcalde de Barcelona Assumpta Escarp y otros mandos policiales.