La Delegación y el TSJM reforzarán la coordinación para garantizar la seguridad

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha celebrado hoy una "cumbre judicial" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y la abogada del Estado jefe en Madrid, María del Mar Sebastián.

Los asistentes han puesto en común todas las cuestiones que afectan a la Delegación del Gobierno y que tienen que ver con procedimientos judiciales, y han concluido que, "al margen de problemas concretos, se van a mejorar todos los temas que tienen que ver con la coordinación entre las instituciones", ha explicado Cifuentes.

La delegada ha destacado que "la coordinación es fundamental para poder incidir en una actuación que vaya en beneficio de los ciudadanos de Madrid", por lo que las instituciones implicadas han acordado celebrar periódicamente reuniones como la de hoy, en las que analizarán los avances registrados.

La delegada no ha querido entrar en detalles sobre los temas concretos abordados en el encuentro, ya que afectan a la seguridad, aunque ha explicado que la mayor coordinación "se concretará sobre todo en procesos que afectan a las cuestiones que tienen que ver con drogas", así como en las ocupaciones ilegales de espacios públicos y privados.

"Se trata de aplicar todos los mecanismos que la ley pone al alcance de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces y fiscales para que la Justicia actúe de manera rápida en colaboración los primeros", y se consiga "una actuación más ágil que beneficie al ciudadano", ha aseverado Cifuentes.

En la reunión también se ha abordado la posibilidad de que el Gobierno central acometa cambios legales para penalizar la multireincidencia, a los que ambas partes son proclives.

La delegada ha dicho que los tribunales "aplican la ley dentro del margen lógico de actuación de cada juez" y siempre "en la manera en la que deben de aplicarla", ya que "no pueden hacer una interpretación más allá de lo que la ley establece".

Sobre este asunto, el presidenta del TSJM, Francisco Javier Vieira, ha explicado que depende de una reforma legislativa con la que los miembros de la Justicia estarían "en cierta medida, más o menos de acuerdo", aunque ha precisado que "hoy por hoy los tribunales tienen unas limitaciones impuestas por la propia legislación".

"Si el Parlamento considera oportuno modificar la legislación, los tribunales la aplicaremos en su justa medida", ha sostenido.

Vieira ha considerado "importantísimo" que se profundice en la coordinación entre las instituciones reunidas hoy "para lograr el mayor beneficio para los ciudadanos" y ha relatado que se ha acordado mejorar los canales de comunicación entre el TSJM y la Delegación del Gobierno, lo que es "un comienzo magnífico".

En la misma línea se ha pronunciado el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, quien ha afirmado que "se trata de mejorar las prestaciones para conseguir una ciudad más segura y más saludable para los ciudadanos".

Cristina Cifuentes también se ha referido, a preguntas de los periodistas, al número de expedientes abiertos a ciudadanos por participar en manifestaciones o concentraciones convocadas por el Movimiento 15-M, que según ha asegurado "es un número muy inferior a seiscientos", como se había publicado en algunos medios.

Ha incidido en que cumplirá y hará cumplir la ley y protegerá el derecho de reunión y manifestación recogido en la Constitución, pero también el artículo 21 de la misma, que según ha recordado obliga a notificar la celebración de reuniones en lugares de tránsito público, y es aplicable para todos los ciudadanos por igual.

Ha precisado que "el derecho de reunión o manifestación no está sometido a autorización previa, ya que notificar no supone en modo alguno que se tenga que dar una autorización, porque se trata de un derecho constitucional", y ha insistido en la necesidad de comunicar las concentraciones para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan garantizar tanto ese derecho como la necesidad de mantener el orden público.