Adolescentes toxicómanos, los más vulnerables del sistema de justicia juvenil

La mayoría de ellos ingresan a través del centro barcelonés de Can Llupià, desde donde son derivados a otros equipamientos como Els Til·lers de Mollet del Vallès (Barcelona), el único especializado en jóvenes que han cometido algún delito y tienen adicciones o problemas de salud mental, como esquizofrenia, TDAH o depresiones.

Allí las conselleras de Justicia y Salud, Ester Capella y Alba Vergés, respectivamente, han inaugurado este miércoles las nuevas instalaciones, que han permitido ampliar la capacidad del centro de 12 a 20 plazas aunque, por el momento, son 18 los menores que cumplen pena en su interior.

Y, a diferencia de lo que acostumbra a creerse, la mayoría de los adolescentes, que ingresan después de que el juez haya ordenado que cumplan condenas terapéuticas, no son ni extranjeros ni tienen un bajo nivel socioeconómico.

Sergi es un ejemplo de ellos. Sentado en el escritorio de su habitación, en la nueva unidad de convivencia educativa, explica a Efe que está terminando la ESO porque "si no tienes estudios, tienes menos posibilidades de trabajar" y, a sus 17 años, tiene claro lo que quiere hacer cuando salga: "quiero ser soldador como mi abuelo", asegura.

Tal como detalla, estar en Els Til·lers le permite tener una vida más "autónoma", ya que son los propios jóvenes quienes se encargan de la limpieza y la gestión de los espacios.

"Hacemos talleres de limpiar ropa, nos preparamos nosotros mismos la comida, recogemos las habitaciones y las fregamos", relata.

Sergi, como el resto de chicos y chicas internos, suele hacer ejercicio por la mañana antes de desayunar y acudir a clase, mientras que la tarde la dedica a juegos, manualidades o actividades deportivas en grupo, aunque también hay veces que prefiere pasar el tiempo en el huerto comunitario.

"Me encanta regarlo e ir a coger tomates", confiesa.

En El Til·lers, lo habitual es que los jóvenes -algunos de los cuales alargan su estancia hasta los 21 años- pasen una media de nueves meses hasta que, progresivamente y con autorización judicial, pueden comenzar a salir y hacer visitas a sus familias.

"La reinserción es la tarea más difícil porque vuelven al barrio, aunque lo hagan con más recursos personales", ha señalado el director del centro, Joan Anton Zarzero, quien ha indicado que los delitos cometidos por los menores van desde homicidios a robos con intimidación y violencia.

Además, según cálculos del Govern, uno de cada dos jóvenes que pasan por la unidad terapéutica son víctimas de violencia familiar, la misma cifra que, tras el tratamiento, logra reinsertarse.

El incremento de plazas también ha permitido incorporar nuevos monitores, educadores, enfermeros y un psiquiatra, que han pasado a formar parte de los cuarenta profesionales con los que cuenta actualmente el centro y cuyo equipo clínico gestiona el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Sin embargo, en los próximos meses seguirán las novedades con el traslado de 25 chicas a un nuevo módulo de justicia juvenil provenientes de Can Llupià, donde permanecen en internamiento un centenar de menores.