Tachan a Silvia Intxaurrondo de ser la "ministra número 23 del Gobierno" y preguntan: "¿Renovará?"

Durante la comparecencia de José Pablo López ante la Comisión de Control Parlamentario en el Congreso de los Diputados, la tensión política se trasladó a los contenidos y profesionales de la cadena pública. En una sesión especialmente acalorada, la diputada del Partido Popular Macarena Montesinos arremetió duramente contra la periodista Silvia Intxaurrondo, copresentadora del espacio matinal La Hora de La 1 (con muy buenos datos de audiencia), calificándola como "la ministra número 23 del Gobierno de España".

La afirmación fue respaldada por otra diputada del PP, Miriam Bravo, quien, en una intervención anterior, preguntó directamente al presidente interino de RTVE si piensa renovar en septiembre "a la vocera de Sánchez", en clara alusión a la misma periodista. El presidente de la corporación pública no tardó en responder, solicitando la retirada de dicha expresión por considerarla un ataque directo al honor de una profesional de RTVE. Además, acusó al grupo popular de mantener una actitud sistemática de confrontación con determinados comunicadores de la casa: "Ustedes tienen un problema con la señora Intxaurrondo. Como lo tuvieron con el señor Broncano y con el señor Fortes".

Esta afirmación conecta con la crítica persistente de sectores conservadores hacia lo que consideran un sesgo ideológico en los informativos y programas de actualidad de la cadena pública. Según José Pablo López, este tipo de exigencias incluso condicionaron, en su momento, la negociación para la renovación del consejo de administración de RTVE.

La comparecencia también estuvo marcada por el revés que ha supuesto la cancelación del programa La familia de la tele, adelantada en primicia por Informalia, un espacio de entretenimiento cuya primera temporada, compuesta por 65 capítulos, no llegó a emitirse completamente. José Pablo López reconoció abiertamente el fracaso del formato: "Asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado y que no haya funcionado", dijo, como recogíamos este mismo jueves.

Las críticas al fallido proyecto vinieron de todo el espectro político. Desde Sumar hasta Vox coincidieron en censurar el programa por no responder a una función de servicio público. Francisco Sierra, portavoz de Sumar, lamentó que el modelo de programación siga teniendo a Telecinco como referente, mientras que la diputada de Vox, Carina Mejías, centró sus ataques en los servicios informativos, cuestionando su objetividad, veracidad y credibilidad. Sin embargo, fue el PP quien lanzó los ataques más duros. Soledad Cruz-Guzmán acusó a López de incoherencia y de "volver loca a la audiencia", al defender el programa un mes antes de cancelarlo. Carmen Riolobos Regadera fue aún más lejos al calificar el programa como "un engendro de telebasura" y exigir al presidente de RTVE que asuma el coste de 6 millones de euros que, según ella, ha supuesto para el erario público. López, por su parte, corrigió la cifra, explicando que el presupuesto aprobado fue de 5,3 millones de euros y que presentará la liquidación final en cuanto esté disponible.

López también se defendió de las acusaciones sobre la gestión de la audiencia: "La televisión es algo muy complicado. Lo que funciona, se queda; lo que no, se elimina". En respuesta a las acusaciones de despilfarro, recordó que cuando el PP dejó el Gobierno en 2018, La 1 tenía una cuota de pantalla del 10,5%, frente al 14,5% con la que cerró en 2011. El presidente de la corporación concluyó su intervención asegurando que su única prioridad es "dejar la televisión pública mejor que la recibió" y defendió otras apuestas recientes de la casa como Futuro imperfecto de Andreu Buenafuente, Mañaneros 360 o Malas lenguas, todas con buenos datos de audiencia.