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Paralizan el desahucio contra la Fundación Montserrat Caballé tras acreditarse la situación de vulnerabilidad de Carlos Caballé, hermano de la soprano
Informalia
La Fundación Montserrat Caballé atraviesa uno de sus momentos más delicados. En plena crisis económica, con una deuda superior a los 41.000 euros en concepto de alquileres impagados desde 2023, la entidad cultural que preserva el legado de la soprano ha logrado frenar, al menos por ahora, el desahucio que pendía sobre su sede en pleno centro de Barcelona. Una situación especialmente sensible porque en ese piso reside el hermano de la artista, Carlos Caballé, de 83 años. En conversación exclusiva con Informalia, su hija Montserrat Caballé Claus ha relatado la angustia que vivió su familia tras recibir la orden judicial.
El lanzamiento, inicialmente fijado para el próximo 3 de octubre, ha sido suspendido por decisión judicial durante un máximo de cuatro meses. La magistrada Montserrat Hernando Vallejo ha estimado la solicitud de paralización al considerar la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentra el afectado, e insta a las administraciones públicas a intervenir con urgencia. El objetivo es evitar que el hermano de la cantante lírica termine en la calle. Ha sido su propia hija quien ha confirmado que su padre —quien fuera representante de la soprano en los años dorados de su carrera— percibe actualmente una pensión asistencial y se encuentra en una situación muy delicada.
"Es verdad que mi padre está cobrando una pensión no contributiva. Los ahorros llegan hasta un tiempo y cuando se deja de ingresar, evidentemente se gastan. El dinero tal como entra se va. Luego también se dicen muchos números que no son, por eso te digo que es que cada uno se conoce sus cosas mejor que nadie yo lo que quiero dejar bien claro es que aquí nadie ha abandonado a mi padre, ni mis primos ni yo", puntualizó su hija Montserrat a Beatriz Cortázar. Por ello, su abogado solicitó la suspensión del desahucio alegando su edad, su precaria situación económica y su estado de salud.
El requerimiento de desahucio se produjo el pasado 2 de junio. Tras diez días sin que la parte demandada respondiera ni abonara la deuda, la letrada de la Administración de Justicia autorizó el procedimiento. La deuda acumulada asciende a 41.256,73 euros, correspondiente al impago de los alquileres desde 2023.