A tener en cuenta el giro de guion: Daniel Sancho exige luz y taquígrafos y un nuevo juicio con puertas abiertas

Daniel Sancho, el español condenado en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha vuelto a sacudir el tablero judicial del país asiático. Su defensa argumenta que lo que está en juego ya no es solo la libertad de un ciudadano español, sino la imagen de un sistema judicial que se enfrenta al reto de sostener su credibilidad ante el mundo.

Siete meses después de que se dictara la sentencia, la defensa del acusado ha redoblado su ofensiva legal con una solicitud que, más que jurídica, parece también mediática: un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia, esta vez con total transparencia y con la prensa como testigo directo del proceso.

La petición no se queda corta. No solo se impugna la condena, sino que se cuestiona la forma en que se llevó a cabo el juicio anterior, al que la defensa tacha de opaco y plagado de irregularidades. En el recurso presentado, se defiende que Sancho fue víctima de un procedimiento que no respetó las garantías básicas, ni en la traducción ni en la exposición pública del caso, y que por tanto debe repetirse con todas las garantías de visibilidad y control.

"Que entren todos los periodistas", ha sido la consigna. Una frase que, más allá de lo jurídico, busca impactar en la opinión pública internacional y, probablemente, generar presión sobre el sistema judicial tailandés. No es una frase lanzada al aire, sino el centro de una estrategia de comunicación y defensa que quiere convertir el nuevo juicio en un acto casi escénico, donde las cámaras sustituyan al murmullo entre abogados y donde cada palabra quede registrada.

El equipo lega liderado por el abogado español Marcos García-Montes, sostiene que la sentencia es "excesiva e improcedente" y que el tribunal falló sin considerar elementos esenciales, entre ellos —según afirman— las circunstancias emocionales y psicológicas que rodearon los hechos. La defensa insiste en que el crimen no fue premeditado, sino fruto de una situación límite. Y aunque no niegan la autoría del desmembramiento, argumentan que el acto no buscaba violencia gratuita sino una salida desesperada ante lo ocurrido.

En este contexto, la figura de Daniel Sancho se dibuja entre el arrepentimiento por sus actos y la convicción de que no se ha hecho justicia. Según recoge su entorno, Daniel lamenta lo sucedido, pero no se considera un asesino planificador ni despiadado. En su versión, todo fue un error trágico que se desbordó, y ahora busca no solo una revisión legal, sino un relato alternativo al que quedó fijado en la primera sentencia.

El caso, que desde el principio ha estado envuelto en una atención mediática excepcional, amenaza ahora con reavivar tensiones diplomáticas si la justicia tailandesa no accede a lo solicitado. La petición de una vista abierta, con periodistas internacionales y traductores, supone una declaración de intenciones clara: no temen el escrutinio público, es más, lo invocan como herramienta de defensa. Como adelantamos en primicia el pasado mes de enero, una fuente desveló que Edwin Arrieta enviaba vídeos a Sancho de su novia y desde el entorno del hijo del actor Rodolfo Sancho hay quien considera que eso es cierto y que el chef entró en pánico cuando el médico colombiano le mostraba, presuntamente, cómo de controlada tenía a la mujer con la que había compartido su vida durante cinco años. La defensa y el entorno del cirujano colombiano no dan por buena la existencia de esos vídeos y señalan en la dirección de los amigos o familiares de Daniel Sancho para encontrar a los supuestos intoxicadores.