El Estado debe bajar 24 días el plazo medio de pago para cumplir la Ley de Morosidad

Desde el pasado 1 de enero, el sector público está obligado a pagar en menos de 30 días a sus proveedores, acreedores y titulares de derechos, lo que en el caso del Estado le exigirá hacer un esfuerzo extra para reducir en 23 días el ritmo medio al que efectúa sus pagos. Y es que, según los últimos datos hechos públicos por la Intervención General del Estado, correspondientes al tercer trimestre de 2012, la Administración central tarda una media de 55,64 días en saldar sus gastos corrientes en bienes y servicios, y de 53,13 días en abonar las inversiones reales.

Como la Ley de Morosidad establece para el ejercicio 2012 un periodo medio de abono transitorio de 40 días -la exigencia era algo menor, de 50 días, en 2011-, esto significa que la Administración central incumple la Ley en ambos casos, y sitúa el total general de la media de sus pagos en un ritmo de 53,91 días.

Retroceso al nivel de 2010

Y significa, además, que el Estado ha empeorado la agilización de sus pagos, ya que el período medio en el cuarto trimestre de 2011 era de 38,53 días para las operaciones en gastos corrientes en bienes y servicios, y de 32,61 días para las inversiones reales.

De hecho, la radiografía hasta septiembre de 2012 hace retroceder al Estado al nivel de dos años antes, ya que en 2010, los gastos corrientes se lograban saldar en 52,06 días, mientras que la dilación en las inversiones reales era de 55,25.

A falta de datos actualizados que permitan conocer cuál fue el plazo medio de pagos en todo el ejercicio 2012, parece claro que, en 2013, el Estado lo tiene muy difícil para poder ajustarse a la Ley antimorosidad (Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre), ya que se le han terminado los periodos transitorios -como a todo el sector público- y, sin más dilación, debe pagar a un ritmo medio que no supere los 30 días.

En detalle, en el tercer trimestre del año pasado, el Estado abonó 11.860 operaciones de gastos corrientes, por un montante de 240,92 millones de euros. De este importe, el 80,4 por ciento de lo desembolsado fue para saldar pagos de los ministerios de Interior y de Defensa, mientras que, por ejemplo, tan sólo se dispusieron 55.000 euros para pagos correspondientes al Consejo de Estado.

En cuanto al capítulo de las inversiones reales, se llevaron a cabo 6.111 operaciones de pago por 535,85 millones de euros, en las que se tardó de media 53,13 días en ponerse al corriente.

En este caso, el Ministerio de Fomento fue el que mayor desembolso efectuó, por un montante total de 305,56 millones y con una dilación media de 55,95 días, frente a la suma de tan sólo 6.000 euros que se destinaron para abonar gastos en los que había incurrido el Tribunal Constitucional.

En total, la Administración General del Estado satisfizo en el tercer trimestre del año pasado 17.971 operaciones de pago, por un total de 776,78 millones de euros y con una media de 53,91 días. De ser ese el ritmo final de todo el ejercicio -los últimos datos actualizados son a fecha 23 de octubre-, está claro que se incumplirían, no sólo el plazo marcado en el periodo transitorio para 2012 -los 40 días-, sino que es altamente improbable que el Estado sea capaz de rebajar esos 23 días que la Ley le exige para ponerse al corriente, y pagar a 30 días, como es preceptivo desde el pasado 1 de enero.

Operaciones pendientes

Tal y como registra la Intervención General del Estado en su último informe, las operaciones pendientes de pago a 30 de septiembre de 2012 ascienden a 1.656, por un importe de 58,4 millones de euros, llevando 144 días en esa situación.

De esos desembolsos pendientes, en 558 casos se ha excedido el período legal de pago, y su importe se sitúa en los 29,1 millones de euros. En cuanto al plazo medio de exceso legal, alcanza los 220 días.

Asimismo, de esas 558 operaciones en las que el Estado ya ha rebasado el plazo legal, 386 operaciones -por un importe de 27,1 millones- sí se encuentran pagadas a 23 de octubre de 2012, por lo que todavía quedarían 172 operaciones -por un montante de 2 millones- pendientes de pago.

Según explica en su nota la Intervención General del Estado, esas operaciones pendientes aún no han sido satisfechas por varios motivos, entre los que destacan la falta de datos bancarios y otras incidencias, tales como embargos o compensaciones tributarias.