El PP lidera la creación de la línea ICO para financiar las deudas municipales

Se compromete a activar los créditos aprobados por el Congreso y paralizados por el GobiernoLa deuda de los ayuntamientos con las pymes y los autónomos supera ya los 35.000 millones

madrid. El Partido Popular ha recogido la bandera de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, y tras la reunión que mantuvo Mariano Rajoy con un centenar de emprendedores el pasado lunes, el grupo mayoritario de la oposición se ha comprometido ahora a recuperar la línea de crédito del ICO para financiar las deudas que los ayuntamientos mantienen con sus proveedores.

Esta línea del Instituto de Crédito Oficial para los ayuntamientos se aprobó, por unanimidad, en el Congreso en julio del año pasado, como una disposición adicional en la reforma de la Ley de Morosidad.

La propia disposición establecía una dotación de 30.000 millones de euros para que las corporaciones locales pudieran hacer frente al pago a los proveedores, pymes y autónomos mayoritariamente, pero hasta la fecha el Gobierno, ha paralizado su puesta en marcha alegando la restricción de gastos a que le obliga la política de austeridad presupuestaria impuesta desde Bruselas para cumplir los objetivos de déficit público.

La estrategia diseñada por el Partido Popular para recuperar la línea de crédito pasa por dos vías: la electoral, al incluir esta propuesta como una de las medidas claves de su programa electoral de cara a los próximos comicios; y la parlamentaría, a través de iniciativas en las Cámaras Legislativas que, en principio, contarían con el apoyo de Convergencia i Unió.

Incumplimiento de ley

Los últimos datos oficiales del Banco de España, correspondientes al cierre del año 2010, elevan la deuda municipal a 35.000 millones de euros, cifra equivalente al 3 por ciento del PIB, y los datos recogidos en el último informe elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad muestran cómo el 90 por ciento de los ayuntamientos incumple la actual ley de morosidad que reduce a 50 días el plazo máximo de pago a proveedores para las Administraciones Públicas.

Precisamente, el portavoz de la Plataforma, Antoni Cañete, explicaba ayer que "si fuéramos capaces de inyectar los 30.000 millones de euros de la línea ICO se reducirían inmensamente los plazos medios de pago de la Administración local y, sobre todo, se salvarían multitud de empresas y puestos de trabajo".

Por este motivo, tanto desde el Grupo Popular como desde la Plataforma Multisectorial se mantiene que esta partida no sería un gasto "sino una inversión, porque habría empresas que pagarían impuestos y trabajadores a los que no se les tendría que pagar el paro y, además, estarían cotizando".

Cañete afirma que "no sólo sacaríamos a flote el pago de la deuda de los ayuntamientos sino que además comenzaríamos a trabajar en la dirección correcta, ya que no es comprensible que la Administración haya ayudado al sistema financiero con 15.000 millones de euros para el tema del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y que todavía no haya puesto sobre la mesa las ayudas pertinentes para afrontar las deudas que tiene comprometidas con sus proveedores ella misma, ya sea el Gobierno central, los autonómicos o los locales".

Cierre de empresas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda España que en conjunto representan a más de 1 millón de empresas, con un cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, que dan empleo a más de 4 millones de trabajadores y autónomos.

Desde la fuerza que le da la representación de este colectivo, Antoni Cañete advierte que "actualmente, la morosidad no es un tema colateral sino que se ha convertido en un problema tan trascendental y social que aquel partido político que acometa y se comprometa a hacer frente a los compromisos de pago va a tener detrás organizaciones que le vamos a dar apoyo a esa posición y también contarán con los electores, que lo van a tener en cuenta porque se lo vamos a explicar".

Los impagos o retrasos en la liquidación de facturas constituyen una de las principales causas de cierre de empresas, despidos y de la falta de competitividad.

Los datos de la citada encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revelan que los efectos de los impagos en el ámbito económico y financiero se traducen en que dos de cada tres empresas españolas registran problemas de tesorería y un aumento de su endeudamiento con las entidades bancarias. Las Administraciones Públicas son las instituciones que tienen los índices de morosidad más elevados.