El mayor protagonismo que la reforma laboral ha concedido a las empresas de trabajo temporal (ETT) puede suponer un escudo contra el fraude. Una losa que alcanzó los 244.918 millones de euros en nuestro país, el 23,3% del PIB nacional, en 2009, de acuerdo con los datos de los Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha).Para empezar, porque estas entidades, tal y como explica el director de Relaciones Institucionales de Randstat, Luis Pérez, a elEconomista, se encuentran en un segmento "muy regulado". Especialmente positivo resulta para el sector de la hostelería, donde la continuidad de altas y bajas hace aflorar la economía sumergida. Si se analiza el sector, desde Randstat advierten de que se explica el alto nivel de fraude precisamente por los elevados movimientos y la complejidad de la contratación. En este sentido, Pérez explica que en algunos países la contratación es más sencilla debido a que se puede hacer de manera verbal. Turismo y automoción En cualquier caso, no se trata del único sector donde la economía sumergida es frecuente. En Randstat se refieren a todos aquellos donde la rotación es elevada como el turismo o la automoción. De hecho, se ha comprobado que en los países donde hay mayor presencia de intermediarios, la economía sumergida es más baja. De acuerdo con un informe de la International Confederation of Private Employment Agencies y The Boston Consulting Group, existe una correlación inversa entre el nivel de actividad económica ilegal y el nivel de penetración de las agencias privadas de empleo. De hecho, el informe ejemplifica con el caso Belga, donde, según explica, las ETT resultan "clave" a la hora de distribuir los "talones de servicios", a través de los cuales se convierte al servicio de limpieza doméstica no declarado en trabajadores legales. Precisamente esta es una de las últimas batallas que ha emprendido el Ejecutivo y que parece no haber dado los resultados esperados, ya que la recaudación cayó cuando debería haber aumentado.