Las aseguradoras advierten que será más difícil medir el riesgo de los concursosMadrid. Contratar con la Administración se puede volver aún más complicado con la nueva ley de contratos públicos remitida por el Gobierno al Congreso la semana pasada. El proyecto desregula numerosos procedimientos que aumentarán la discrecionalidad de los organismos licitantes. Si se tiene en cuenta que en España existen unos 15.000 organismos vivos en cuanto a los contratos públicos, la variedad nuevas exigencias que pueden surgir en las licitaciones son innumerables.Un ejemplo claro es el de la supresión de las garantías provisionales, las que exige la Administración a las empresas que acuden a las licitaciones para asegurar que no se retirarán del concurso en el último momento. La desregulación de estas garantías, prevista en el proyecto de ley, no impide que organismos públicos las impongan de forma discrecional. Ya en el año 2000, la reforma de la ley de contratos públicos restringió la obligación de estas garantías a los grandes contratos. Pero, de hecho, en los últimos cinco años, casi ningún organismo público ha renunciado a exigir el 2 por ciento del proyecto como garantías poder presentarse a un concurso.La desaparición de estas garantías pretende eliminar las barreras de entrada para que las pymes accedan a los contratos públicos. Aunque las garantías obligatorias -las que se exigen para asegurar que el contrato se cumple en tiempo y forma- se elevan del 4 al 5 por ciento en el proyecto de ley. Y es en estas garantías donde se producen más contratos fallidos.El proyecto tampoco regula los procedimientos para la ejecución de las garantías. Con la nueva ley, cada organismo podrá establecer los requisitos para ejecutar los avales. Si hasta ahora las aseguradoras de caución que avalan estas operaciones ya estaban utilizando más de 300 modelos distintos para gestionar las garantías, ahora la casuística se va a multiplicar. "Esto significa que medir el riesgo va a ser más complicado y se tardará más en calcular el importe exacto", aseguran fuentes del sector asegurador, que creen que la falta de homogeneidad también puede repercutir sobre los costes. Actualmente, las empresas pagan a las aseguradoras de caución entre el 0,1 y el 0,2 por ciento del importe de las garantías que se exigen.