La resolución sobre el Murcia asesta un duro golpe al plan de control de la LFP

Revés judicial a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y a su plan de saneamiento económico. El juez Andrés Sánchez Magro, del juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid, ha obligado a la Liga a readmitir al Real Murcia en la Segunda División A, tras aprobar una medidas cautelarísimas por las cuales suspende el acuerdo adoptada por la comisión delegada de la LFP que niega al equipo de Jesús Samper la inscripción a la Liga Adelante y la resolución del Juez de Disciplina Social de la Liga que impuso al club murciano el descenso de categoría y una multa de 180.000 euros por los reiterados impagos a Hacienda -según la LFP el Murcia ha dejado de pagar al fisco unos 12 millones-.

En el auto emitido ayer, el juez cuestiona la legalidad o viabilidad del plan de control económico aprobado por el organismo que preside Javier Tebas, por el cual se puede impedir jugar en las categorías profesionales a los equipos de fútbol que no cumplan con el ratio económico establecido. Esta temporada los clubes estaban obligados a tener un ratio de deuda/ingresos de un máximo de 4,5 veces. El Murcia tiene seis veces más pasivo que ingresos con una facturación de 6 millones y una deuda de 34 millones.

En concreto, el magistrado alega que la resolución adoptada por la LFP contra el equipo que entrena José Manuel Aira puede suponer una infracción de la ley de la Competencia Desleal ya que, como expone el propio Murcia y el juez admite como probable, el descenso a Segunda B por motivos económicos "restringe la competencia" al colocar al club en "situaciones desventajosas frente a los otros equipos".

En este sentido, el juez recuerda que el Murcia es una sociedad anónima y como tal se le aplica la normativa mercantil, entre las que se encuentras las leyes competenciales. En este punto, pone en duda el poder de la LFP para dictar una norma contraria a la ley.

"Las sociedades anónimas deportivas deben someterse a las mismas disposiciones que el resto de las sociedades mercantiles y no pueden regirse bajos otros criterios que no sean los de las normas generales societarias y económicas que a tal efecto se dicten. Por ello, podría discutirse la procedencia de unas normas dictadas por la LFP que puedan ir en contra de la legalidad general", apunta.

A su vez, el juez muestra su sorpresa por el hecho que el Murcia sea castigado por deberle dinero a Hacienda cuando "de sobra es conocido la situación de sobre endeudamiento de los clubes". En esta línea, hace referencia a un documento aportado por el equipo de Samper, por el cual Hacienda aseguró que "el descenso de categoría de los clubes en ningún caso depende del grado de cumplimiento de las obligaciones de pago con la Agencia Tributaria".

Impagos a los acreedores

Más allá de poner en duda la autoridad de la LFP para instar el descenso de un club por causas económicas, Magro asegura que el Murcia podría desaparecer si este año no juega en la Liga Adelante. "La merma de los ingresos supone la inviabilidad económica y la imposibilidad de cumplimiento del convenio de acreedores", asegura el juez de lo mercantil que, a su vez, explica que la expectativa de cobro de la Agencia Tributaria también "quedaría seriamente mermada".

En este punto, el magistrado asegura que la salida del club murciano de la competición profesional le haría perder 2,5 millones en derechos audiovisuales de la temporada 2014/15 a lo que sumaría la pérdida de patrocinios y la baja de abonados. A su vez, el equipo sufriría una "automática depreciación de sus activos patrimoniales", pues los futbolistas profesionales resolverían sus contratos.