La Ley presenta un nuevo título sobre 'El Derecho de las comunicaciones'
El derecho al secreto de las comunicacionees es un asunto no sólo jurídico, sino que tiene una "evidente entraña política", ya que "la tentación de los gobiernos y personajes poderosos de sacar ventaja del conocimiento irregular de comunicaciones secretas fue siempre demasiado fuerte".
Para abordar esta cuestión, el magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Eduardo de Urbano Castrillo, lanza 'El Derecho de las comunicaciones', una publicación en la se que analiza el reconocimiento de este derecho de los ciudadanos de cara al Estado, analizando su regulación normativa, la estructura de este derecho y la más reciente doctrina jurisprudencial.
De la mano de la editorial de legislación y jurisprudencia 'La Ley', de Urbano ofrece "un marco ágil y operativo del secreto de las comunicaciones, situándolo en su encrucijada actual: de un lado, un derecho que se renueva continuamente de la mano de las nuevas tecnologías y que pone en manos de autoridadaes y particulares un gran poder con peligros evidentes para la libertad de comunicación, y de otro, un derecho en base al cual se demandan cada vez más afinadas garantías para proteger y en su caso reclamar el respero de una manifestación tan fundamental de la privacidad humana".
En este sentido, existen resoluciones muy recientes dignas de estudio, que abordan las deficiencias de regulación que sufre esta rama del Derecho. Deficiencias que son de gran trascendencia personal porque pueden constituir prueba de hechos graves en el ámbito penal, y cuya falta de concreción se incrementa con la novedad que aportan las recientes invenciones tecnológicas.
El tomo se estructura en una primera parte en la que se recogen cuestiones teóricas, como el concepto del Derecho al secreto de las comunicaciones, para pasar luego a analizar la normativa internacional que lo trata, así como las normas nacionales de todas las jurisdicciones. Asimismo, se analiza la estructura de este Derecho, sus límites y garantías y los procedimientos de reclamación existentes para cada vía jurisdiccional. Por último, se analiza la doctrina jurisprudencial existente.