Gobierno y PSOE acuerdan pactar cuanto antes una reforma legal contra desahucios

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado este miércoles pactar cuanto antes una reforma legal contra los desahucios, según han informado fuentes de ambas partes.

En un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado algo más de dos horas, ambas han decidido adoptar medidas contra este problema social con la "mayor celeridad posible", ya sea a través de un decreto ley acordado o con una ley que se tramite por el procedimiento de urgencia, indicaron fuentes socialistas.

Posiciones

Tanto la portavoz del Gobierno como la vicesecretaria general del PSOE han llevado con gran hermetismo este encuentro, si bien mostraban voluntad ambas partes por buscar soluciones.

Tras el encuentro de trabajo mantenido hoy, el lunes habrá una reunión entre expertos (tres por parte del Gobierno y tres por parte del Partido Socialista), para diseñar los detalles técnicos de la propuesta.

Los socialistas quieren que los bancos que reciben ayudan estatales pongan los pisos desahuciados vacíos a disposición del Estado para su alquiler social. La propia Valenciano ha señalado hoy que pedirá a la vicepresidenta del Gobierno una reforma urgente que frente los procesos de ejecución hipotecaria en marcha para evitar los desahucios.

La voluntad de ambas partes es hacer todo en el plazo más breve posible, así como estudiar también medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable.

Tanto Elena Valenciano como Soraya Sáenz de Santamaría seguirán el curso de los trabajos.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recoge EFE en el segundo trimestre de este año los desahucios solicitados ascendieron a 18.886, mientras que los órganos judiciales acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios.

Entre 2006 y 2011 se presentaron en España 396.943 ejecuciones hipotecarias, una cifra equivalente al 10 % de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo.