Efecto llamada de los okupas de Barcelona: sin proteger la propiedad privada no hay Estado de Derecho

Nuestro Estado de Derecho se está derrumbando, deteriorándose a un ritmo cada vez más rápido. Un proceso que se inició con la instauración del corrupto, insostenible e inseguro Estado de las Autonomías.

Estas primeras grietas se agrandaron en el momento que determinadas comunidades autónomas, como Cataluña, traicionaron a la Constitución Española. Sin recibir por ello ninguna respuesta legal por parte del gobierno de turno. Es decir, del Estado central.

Al margen del interesado compadreo de los partidos supuestamente democráticos con el corrupto e ilegal independentismo catalán, existen, sin duda, otros tres episodios relevantes que han dejado el Estado de Derecho prácticamente en ruinas:

No existe la democracia

El primero de ellos radica en el asesinato de Montesquieu, cometido por el Gobierno del PSOE de Felipe González. Recordemos que este gobierno secuestró a la justicia española a través de la entrada en vigor de la 'Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo del Poder Judicial'. La misma concedió a las Cortes la facultad de designar a los 20 vocales del CGPJ.

El segundo es la ocultación a los españoles de la verdad en el caso 11M. Todo ello, por parte de una justicia politizada y dependiente del Gobierno del PSOE de Zapatero, que ganó las elecciones de 2004 gracias a este atentado terrorista.

No olvidemos que la justicia también siguió con posterioridad ocultando la verdad del 11M, esta vez a las órdenes del Gobierno del PP de Rajoy. De forma inexplicable. Puesto que, por el contrario, el citado atentado impidió al PP ganar las elecciones en las que salió victorioso Zapatero.

El tercero no es otro que la rendición del Estado ante el terror de la organización terrorista ETA que, cambiando de siglas, pasó del asesinato en la nuca a gobernar instituciones públicas en el País Vasco y Navarra.

Esta claudicación del Estado español también se tradujo en la salida de las cárceles, sin cumplir las penas estipuladas, de etarras, tales como, Bolinaga. Y en la existencia de multitud de asesinatos cometidos por ETA sin juzgar.

Todo ello, en virtud, tanto de un antidemocrático pacto bipartidista ente el PP y el PSOE, como de la ingeniería jurídica proveniente del Tribunal de Estrasburgo y planificada desde España.

El pacto PSOE-Podemos

No obstante lo anterior, el trabajo de demolición total del Estado de Derecho español se está llevando a cabo a través del vigente pacto PSOE-Podemos. Un acuerdo constituido entre estos dos partidos tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, que está permitiendo al comunismo desgobernar determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos españoles.

Barcelona, ciudad sin ley

Uno de los ejemplos más flagrantes que demuestran que el Estado de Derecho no funciona en España lo tenemos en la protección institucional que el Ayuntamiento de Barcelona está otorgando al movimiento antisistema okupa.

Máxime, teniendo constancia de las continuas ilegalidades que los ocupas están cometiendo en la Ciudad Condal. A raíz de lo cual, el ocupismo ilegal se está propagando por toda la ciudad de Barcelona de forma espectacular. Y, de igual forma, también podría expandirse por el resto de ciudades españolas en base al ?efecto llamada?.

La otra cara de la moneda es el desamparo al que somete el citado consistorio a los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente. Hasta tal punto, que los ocupas están actuando con total impunidad.

¿Vacío legal o interpretación politizada de la ley?

De hecho y al objeto de blindar a los ocupas, Ada Colau, una de las "alcaldesas del cambio", se está aprovechando tanto de un "supuesto vacío legal" como de la politizada interpretación que la justicia española hace de la ley (casi siempre a favor del delincuente):

Ciertamente, el Artículo 33.1 de nuestra Constitución reconoce a la propiedad privada como un derecho, aunque no hace referencia a la ocupación ilegal.

Sin embargo, el Artículo 245.1 de nuestro Código Penal determina las penas en relación al delito de usurpación de inmuebles en contra de la voluntad del propietario, y utilizando para ello la violencia o intimidación.

Y el apartado 2 del mencionado Artículo 245 del Código Penal establece las penas en el caso que la usurpación u ocupación se haya perpetrado sin violencia o intimidación.

El referido limbo legal radica en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales españolas, referida a los casos de ocupación sin violencia o intimidación, y cuando la vivienda ocupada no esté considerada como la morada habitual del propietario. En este sentido, muchos juzgados han dictado sentencias absolutorias, alegando la eximente de estado de necesidad.

En función de ello, las usurpaciones no violentas deberían resolverse vía derecho privado o derecho administrativo. De tal manera, que el derecho penal podría aplicarse únicamente a las usurpaciones violentas.

Tanto es así, que el Código Civil dispone de las figuras relativas al procedimiento interdictal y al desahucio para recuperar la posesión de una propiedad o dominio.

La dictadura de lo políticamente correcto

El problema de fondo radica en la cobardía de los gobiernos de turno, que al someterse a la "dictadura de lo políticamente correcto", prefieren no defender los derechos de los ciudadanos, permitiendo el

incumplimiento de las leyes. A cambio, en el caso concreto de los okupas, de evitar disturbios callejeros y conflictos sociales.

Sea como fuere, en Barcelona se está produciendo un alarmante y progresivo número de ocupaciones ilegales de viviendas por parte de okupas. E, igualmente, de grupos mafiosos organizados.

Si bien no es sorprendente. Debido a que el desgobierno de Colau está permitiendo, por mediación de cesiones institucionales, que multitud de edificios públicos sean ocupados, pagando con dinero de los contribuyentes las facturas del agua y la luz.

Pero también son ocupados edificios, casas e, incluso, locales privados. En el caso de ocupaciones ilegales de inmuebles privados, si el okupa consolida la ocupación, el desalojo será muy complicado.

Porque, a nivel legal, los legítimos propietarios necesitan para desalojar a estos okupas una orden judicial que siempre llega tarde. Para entonces, la vivienda suele estar muy deteriorada.

De todos modos, Colau solo está potenciando anti políticas que ya pusieron en marcha anteriores alcaldes. Podemos citar como un relevante antecedente la famosa "ocupación del banco expropiado de Gracia", en la que el ex-alcalde Trías ordenó pagar el alquiler del edificio ocupado con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona.

La clase media, la damnificada

La dictadura de lo políticamente correcto, en todas sus modalidades, está hundiendo a la clase media española, a nivel económico, moral, social, etc.

Tanto o más que el expolio fiscal, el rescate financiero, la corrupción política institucionalizada, la devaluación salarial, el desempleo, la creciente desigualdad, etc...

La propiedad privada, que es un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, no está siendo respaldada legalmente en España, gracias a la dictadura de lo políticamente correcto y a la complicidad silenciosa de la mayor parte de los medios de comunicación subvencionados.

Indudablemente, el creciente problema de seguridad (a todos los niveles) que tiene España y Europa podría representar, entre otros muchos factores, el inicio de un siniestro camino de vuelta al siglo pasado.