¿Por qué las empresas públicas son más corruptas que las privadas?

Cualquier sistema cuyo funcionamiento dependa de las conexiones políticas, y que además combine un excesivo intervencionismo público con el capitalismo, crea inevitablemente un círculo vicioso.

Tanto que este entorno económico puede crear primer un capitalismo de Estado o capitalismo de amiguetes, que luego se transforma en una dictadura contraria a la libertad económica, a la propiedad privada, a los derechos humanos, etc.

Venezuela 1999 vs España 2015

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez se convirtió en presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La instauración del "régimen chavista" se produjo como consecuencia de la corrupción derivada del anterior Gobierno, liderado por Rafael Caldera, y que provocó tanto el deterioro de la economía como una gran fragmentación social.

Esta situación podría reproducirse en España, salvando las distancias entre estos países, en el caso de de que Podemos consiguiera ser protagonista de un futuro gobierno. A tal efecto, determinados grupos de comunicación han intentado allanar el camino hacia el poder de la formación neocomunista y antidemocrática, lanzando a los ciudadanos el mensaje relativo a que el sistema capitalista y el liberalismo son los causantes de la crisis y la corrupción.

Sin embargo, las dos principales causas que han deteriorado nuestra pseudodemocracia son el intervencionismo estatal y la politización de la Justicia. Precisamente, las dos estrategias preferidas de Podemos, y utilizadas por Maduro en Venezuela para mantenerse en el poder, puesto que las mismas son la base, junto con el secuestro de los medios de comunicación, sobre la que se asienta cualquier sistema comunista.

El germen de la corrupción

España ha registrado en 2015 el peor dato de percepción de la corrupción de su historia, según señala el 'Índice de Percepción de la Corrupción', elaborado por Transparencia Internacional.

El informe pone de manifiesto que la corrupción política en España está relacionado fundamientalmente con el urbanismo (en una etapa anterior) y con la contratación pública, es decir, aquella procedente de organismos, entidades y empresas públicas. Y aunque la corrupción en España aún no es sistémica, es factible afirmar que la misma se encuentra generalizada. Al menos en las contrataciones de la denominada Administración paralela.

El citado índice debería servir para que millones de españoles, que siguen asociando lo público con la legalidad, cambien de mentalidad. Sobre todo, cuando la empresa privada es la única que crea riqueza y empleo no subvencionado.

Y aunque la empresa privada no está libre de la corrupción, aparece en mucha menor proporción que en las empresas públicas, cuyas contrataciones, en un amplio porcentaje, llevan aparejadas comisiones políticas o mordidas.

Mejorar o hundirnos

España tiene un problema con la corrupción que puede ser letal para la democracia, por lo que los partidos deben centrarse de manera prioritaria en solucionarlo. Para ello, debería establecer un gran pacto de Estado, que permita potenciar la libertad de prensa, la trasnparencia presupuestaria, la selección por valores de cargos públicos, la revalorización de la figura del funcionario, la democratización de los partidos, la reforma electora, etc. Pero, sobre todo, para dotar de independencia a la justicia.

Porque España se encuentra en un momento de inflexión económica, política, judicial, territorial, ética, religiosa... y en base a lo cual los españoles tenemos dos alternativas: dotar a nuestra democracia de un plus de valor cualitativo o que la ultraizquierda nos hunda en la miseria.

En este sentido, un bipartidismo con sentido de Estado y que alterne modernos gobiernos socialdemócratas con otros liberales podría constituir una fórmula político económica ganadora a largo plazo.