Rosetta y la política industrial

Ayer sucedió un hecho de enorme transcendencia científica y tecnológica, pero de poca cobertura mediática y menor interés institucional. Se trató de la entrada en órbita de la sonda espacial Rosetta, fabricada por impulso de la Agencia Espacial Europea (ESA), alrededor del cometa 67P/Churyumov-Geramisenko, que se encuentra hoy a unos 400 millones de kilómetros de la Tierra. Un viaje que ha durado diez años, en los cuales Rosetta ha ido a la búsqueda de este pequeño cometa descubierto en 1969 por los dos científicos rusos que le dan nombre.

Rosetta se acercará hasta los 50 kilómetros de distancia para liberar el robot (Philae), que deberá anclarse en el cometa. Ambos se dirigirán entonces a una velocidad de 55.000 kilómetros por hora hacia el Sol. En esta posición, este ingenio tecnológico informará sobre importantes singularidades científicas. El anclaje está previsto para el próximo 11 de noviembre.

Este hecho pone encima de la mesa la realidad de la política industrial española de alta tecnología y, en especial, del interés por las inversiones tecnológicas relacionadas con el espacio que, en el caso europeo, se canalizan a través de los programas que se diseñan y aprueban en la ESA. Un organismo creado en 1975, en el que España fue socio fundador.

Desde entonces se fue consolidando en España una industria aeroespacial de la mano de multinacionales europeas y, también, de importantes empresas españolas, que entraron con decisión a competir en el sector de alta tecnología a nivel mundial. El estado, desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), creado en 1977, vio también la oportunidad de sumarse a los países más avanzados y, con un criterio más que loable, estuvo promoviendo proyectos en el sector aeroespacial para dar soporte a la iniciativa privada. Una combinación público-privada que ha tenido un reconocimiento internacional durante más de 30 años, tanto en la propia ESA como en las industrias que compiten en este sector estratégico.

Desgraciadamente, como en otras muchas cosas, el deterioro no se hizo esperar. Con la creación, en 2008, del Ministerio de Ciencia e Innovación por José Luis Rodríguez Zapatero, se tomó la ingeniosa decisión de dar el presupuesto y la representación en la ESA al Ministerio de Industria, entonces en manos de Miguel Sebastián, y dejar la gestión de los programas y el apoyo técnico al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cristina Garmendia, a través del CDTI. Una situación que el actual Gobierno ha mantenido y empeorado.

Primero, por continuar esta inusual dicotomía de funciones entre el actual Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Innovación, hoy en el Ministerio de Economía y Competitividad. Y segundo, por la drástica reducción del presupuesto, que ha sacado a España fuera de los países más avanzados en el sector aeroespacial, para colocarla al lado de Rumanía y Grecia. Una absurda decisión que, de perpetuarse, pondrá a nuestro país en un serio riesgo de mantenerle a la cola de los países más avanzados tecnológicamente en este sector.

Y es que las cifras son elocuentes. España decidió en la reunión ministerial de la ESA, en febrero del año pasado, reducir un 75% su contribución, para dejar en 83 millones de euros el montante dedicado a los programas opcionales. Un hecho que ha puesto a España fuera de otros grandes programas, como son los científicos o de telecomunicaciones; poniendo en serio riesgo además una industria que emplea a más de 5.000 personas en sectores de alta tecnología, y que constituye un pilar económico cercano a los 1.000 millones de euros. Además de la consideración de que esta industria se concentra en lo principal en la Comunidad de Madrid.

Un sector estratégico que vive una especie de muerte lenta, al que nadie, desde las instancias políticas, presta la menor atención; mientras que países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e, incluso, Bélgica, apuestan en él con firmeza para sobresalir en un mundo donde la primacía tecnológica es ya la fuente primera de las exportaciones y de la creación de riqueza.

Sorprende, y escandaliza también, que sólo se dediquen algo más de 80 millones de euros a un sector extremadamente estratégico para la economía española, a la vez que se mantiene una dicotomía funcional entre el Ministerio de Industria y el de Economía y Competitividad que va en contra de los intereses españoles, sin prestar la necesaria atención a un problema que, por considerarse menor, no deja de ser esencial para la economía y el futuro de muchos jóvenes en España.

Eduardo Olier, presidente del instituto Choiseul España.