Cárteles y competencia

El oligopolio es un mercado con un número limitado de competidores interdependientes en sus decisiones de precios y producción. En determinados sectores, esta estructura de mercado es la más eficiente. Se conjuga un tamaño grande, necesario para obtener economías de escala o de alcance, con una competencia efectiva.

El cártel es una conducta prohibida en la legislación de competencia, y tiene lugar cuando dos o más competidores llegan a acuerdos para coordinar precios y/o niveles de producción, repartirse el mercado, imponer barreras a la entrada, etc. De esta forma, maximizan los beneficios conjuntos. En teoría económica se suele decir que existe un abuso de poder de mercado, produciéndose un excedente superior al que lícitamente le permitiría la productividad de sus factores.

No hay consenso en la doctrina sobre un tratamiento uniforme de los cárteles. El análisis de cada caso determinará su nocividad. La vigente Ley de Defensa de la Competencia los define en su disposición adicional cuarta, limitándolos a los acuerdos "secretos" -la teoría económica no hace tal distinción- entre competidores para los fines antes señalados. Hay quienes identifican ciertos cárteles con las mafias; es habitual la connivencia con los gobiernos, vía normas regulatorias, privilegios o ayudas públicas injustificadas.

Con frecuencia ciertos predicadores de la competencia, incluidas las instituciones, abordan el análisis de los cárteles centrándose en los de pequeña dimensión. Por poner algunos ejemplos, los sidreros o fontaneros de una comarca o municipio, o los quince proveedores de sobres electorales, cuya resolución sancionadora tiene 341 páginas, convirtiéndose ya en referencia para algunos teóricos de la colusión. Siempre han existido contradicciones en la literatura especializada de cualquier disciplina que, sin embargo, perciben los ciudadanos.

Así, se puede arremeter contra los farmacéuticos (cuyo papel relevante nadie duda) sin criticar nunca el cártel de las multinacionales farmacéuticas, o reprobar acuerdos en ciertos sectores agroalimentarios que, en realidad, se defienden de abusos y prácticas agresivas de los grandes distribuidores. Algunos son de ámbito local, por lo que probablemente los participantes tengan que enfrentarse a la competencia de otros municipios o regiones. No es nada sencillo delimitar la frontera entre ciertos acuerdos y el asociacionismo o el cooperativismo.

Cárteles en sectores estratégicos

En contraste, hay escasa dedicación en los think tanks a los grandes cárteles que afectan seriamente al bienestar social, cuyo análisis se suele abordar desde la perspectiva tradicional de la economía industrial, sin el necesario complemento del conocimiento empírico.

Hablamos de los sectores "estratégicos" o "prioritarios", pero en manos de un número reducido de empresas privadas de tamaño considerable, como la electricidad, banca, telecomunicaciones o combustibles. Es obvio que las compañías suministradoras de electricidad no se ven enfrentadas a una fuerte competencia -la liberalización de la comercialización está aún a medias- repartiéndose el mercado por regiones. La percepción de buena parte de la opinión pública acerca de estas compañías, cuyos precios aún regulados han subido cuatro veces en un corto espacio de tiempo, es que forman algo parecido a un cártel. Eso sí, no secreto, sino apoyado con una regulación intensa que nadie entiende. Pese a esas subidas, el déficit tarifario -que se da por bueno sin auditorías independientes- sigue aumentando mientras se obtienen beneficios, al menos hasta ahora, superiores a la media de las grandes compañías europeas.

El sector bancario es otro caso paradigmático de connivencia con los gobiernos, vía regulación e inmensas ayudas públicas que contradicen las leyes de competencia. Las dificultades para eliminar el sobrecoste del roaming es un caso claro en los grandes operadores de telecomunicaciones. Finalmente, puede observarse la distinta velocidad a la que suben y bajan los precios de la gasolina en el tramo minorista -efecto cohete y pluma-, cuyas empresas comercializadoras, según reconoce el Gobierno, tienen un margen mayor que la media europea, así como la estrategia conjunta de fijación de precios en determinados días de la semana -efecto lunes-.

No es que ciertas conductas de fontaneros, sidreros o proveedores de sobres y por supuesto, fabricantes de turrón, no sean sancionables, pero el perjuicio ocasionado a la sociedad es mucho menor. Con los teóricos cebándose en ellos se crea un ambiente ilusorio de "libre competencia", olvidándonos de los cárteles que más afectan al bienestar social.

Para combatirlos, sean secretos o tácitos, además de voluntad política, rigor analítico y sanciones, son necesarias acciones privadas de personas y empresas por daños y perjuicios. Como se comentaba recientemente desde este periódico, en este tema, como en otros, hace falta un mayor protagonismo de la sociedad civil.

Juan Rubio Martín, Doctor en Ciencias Económicas y experto en Economía de la Sociedad de la Información.